Diego Villalba, titular de la Oficina de Información al Consumidor (OMIC) informó sobre la situación de la empresa Bagsa y la factura del mes de agosto de 2014 que se incrementó sustancialmente por el retiro de los subsidios del estado nacional
Muchos vecinos recuerdan la sorpresa que les provocó la llegada de la factura del consumo de gas correspondiente al segundo bimestre de 2014 con tarifas impagables por este vital servicio. A pesar de que el gobierno nacional había anunciado con bastante tiempo su decisión, la reacción fue solicitar un amparo que los jueces federales de Gral. Pueyrredón aceptaron por 60 días. El resultado fue un conflicto que aún no termina y una prorroga hasta el mes de febrero de este año, momento en que cesa la feria judicial.
“Nosotros controlamos el expediente todas las semanas por estar en feria. Po esto la última resolución que hubo fue del Juzgado Federal de Dolores cuando un planteo presentado por uno de los amparistas relacionado con los 60 días que se debe extender la medida cautelar. Finalmente el magistrado aclaró que eran días hábiles y eso sirvió para que la empresa tuviera presente esta situación”, sostuvo Diego Villalba
Desde la OMIC de Villa Gesell se solicitó ante la misma cámara y ante la inminencia del vencimiento del plazo resuelto por el juez federal, la prórroga de las medidas decretadas para que no se aplique el cuadro tarifario nuevo.
“La cámara no nos respondió, en su lugar le dio intervención al fiscal para que se expida en relación a la incompetencia que planteo el juez federal y este debe ser competente, porque es una situación de amparo. De la misma Cámara de Mar del Plata falló a favor de los usuarios porque afirma que se trata de un exceso de facultades del estado nacional a través de uno de sus ministerios, pero los tributos deben salir de parte del poder legislativo a través de una ley nacional no de un decreto de algunos de sus ministerios. Lo más probable es que se determine la inconstitucionalidad del incremento del cuadro tarifario”, añadió el jurista.
“Con relación a la factura del año pasado que llego con el aumentazo la resolución judicial decía que el usuario debía acercarse hasta la empresa y reclamar la refacturación y esta no podía negarse hacerlo. Pero como la empresa tiene su sede central en La Plata había que viajar a esa ciudad, igual se negaban a refacturar. Nosotros intervenimos para que la gente viniera, nos informara sobre esta situación, nos manifestara para poder hacer una presentación por desacato a la empresa. Debían facturar con el cuadro tarifario anterior al mes de agosto”, expreso Villalba.
La cautelar planteaba no cortar el suministro del servicio por falta de pago, es decir el usuario tenía la alternativa de no pagar y esperar la resolución de fondo del asunto o bien pagar sin el aumento. Hoy la situación no se ha modificado hasta tanto se termine la feria judicial. Ese será el momento en que la Cámara deberá resolver la designación de un nuevo juez federal que se declare competente y extienda la medida cautelar.
“Mientras tanto la empresa manifiesta a los usuarios que son deudores, pero esta deuda es ilegítima porque no se ha declarado la legitimidad de esa deuda. Entonces podría la empresa incurrir en el intento de cobro de conceptos ilegítimos. Hasta tanto los órganos que intervienen no se expidan, nosotros tampoco podemos plantearle nada a la empresa porque esta todo judicializado Debemos esperar hasta el mes de febrero de este año”, puntualizó Villalba.
Alquileres truchos
Son un clásico del verano en toda la costa y a pesar de la conocida maniobra sigue afectando a incautos que llegan a la ciudad.
“En estos casos siempre y cuando haya sido publicado y el consumidor- usuario se constituye en el lugar y constata que no es lugar publicado, la OMIC manda un inspector a verificar la situación y en caso de que tenga razón el usuario iniciamos el trámite de la OMIC. Si se ha recibido una seña le damos intervención al fiscal porque hablamos de un caso de estafa”, explicó Villalba
“Ya tenemos casos de ambos rubros y también en los hoteles. Hay que intimar y sancionar. Las denuncias más comunes son por el mal estado de las estructuras hoteleras, por los servicios de internet, por inseguridad entre otras cosas”, añadió
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