Falta oxígeno en la política nacional

La denuncia tramita en el Juzgado Federal número 3, cuyo titular es Daniel Rafecas, quien había tomado vacaciones hasta el 20 de febrero y que seguramente ahora deberá regresar para decidir si da curso o no a estas medidas, y es muy difícil pensar que esa decisión se conocerá en los días de Carnaval. Desde el punto de vista procesal no es más que un pedido de pruebas, por eso el portal de la Procuración General de la Nación tituló “Requerimiento de instrucción del fiscal” el texto completo del escrito de Pollicita. Sin embargo, la mayoría de los portales de medios presentaron la novedad como “Imputan a Cristina Kirchner”. Es decir, a la temeraria decisión del fiscal se suma un impacto mediático de claro dramatismo en un país en el que ninguno de los juristas más conservadores se arriesgaron a darle rigor jurídico al escrito póstumo de Alberto Nisman, base casi textual de la presentación de Pollicita. 

La noticia se conoció al mediodía del viernes 13, aunque había sido adelantada por el diario Clarín en la edición de esa mañana. Ante la certeza de que llegaba el embate del fiscal, las principales espadas del Gobierno tiraron leña al fuego por la mañana con la confusa idea de que la marcha del 18F tiene como principales protagonistas a Cecilia Pando o a abogados de narcotraficantes. Más consistencia que las diatribas tuvo el escrito presentado ante el juzgado de Rafecas firmado por la Procuración General del Tesoro –los abogados del Gobierno– con argumentos sólidos para refutar el escrito original de Nisman.

Quizá más importante que los fuegos de artificio de Pollicita resulte la presencia de Sandra Arroyo Salgado el jueves 12 por la tarde en el Salón Azul del Senado, donde solamente había legisladores de bloques opositores. En el recinto, a pocos metros, el oficialismo había conseguido quórum para dar media sanción a la creación de la Agencia Federal de Inteligencia. El dictamen, que pasa ahora a la Cámara baja para su sanción definitiva, tomó sugerencias del CELS para mejorar el texto del Ejecutivo. Sin embargo, ese mismo organismo advirtió que no es conveniente un tratamiento exprés. En varios canales, se veía la pantalla partida de dos fenómenos que no deberían ser contrapuestos, aunque en la cultura política argentina parece que aceptar el conflicto no está bien visto. No hubo duelo oficial por Nisman y la madre de las dos hijas quiere avanzar con la investigación porque no comparte la teoría del suicidio, lo cual es lógico desde el punto de vista humano. ¿Cuál es la lógica de buscar algún mecanismo de interlocución para que legisladores oficialistas y opositores no tiendan puentes para que, en vez de presentar la pantalla partida de los canales, pudieran haberse realizado las dos actividades, la sesión y la conferencia opositora, una después de la otra? ¿Cómo va a salir Jorge Capitanich a decir que Arroyo Salgado habló para los medios, “especialmente para uno”? Y, ¿cuál es el cuidado que tienen los referentes opositores con una persona que vuelve a su casa a ver a sus hijas que perdieron al padre y la empujan a mostrarla como un trofeo contra el Gobierno?

A pocos días de la marcha de silencio promovida por un grupo de fiscales y referentes opositores, la agenda social y política no parece recibir oxígeno. Desde el 18 de enero, el debate mediático giró en torno de la trágica muerte de Nisman pero sobre la base de una gran incógnita y pocas certezas: hay una diferencia diametral entre un suicidio o el crimen planificado del fiscal que tenía nada menos que la causa por la voladura de la AMIA. La liviandad con que personas de la Justicia y la política, en medio de encendidos debates televisivos hablan del asesinato de Nisman, parece más para el diván del psicoanálisis o el tacho de basura que para el debate público responsable. Las noticias sobre los avances de la investigación salen en todos los medios y tienen una fuente inobjetable que es el portal del Ministerio Público Fiscal (fiscales.gob.ar). Allí, la fiscal Viviana Fein da cuenta de las medidas periciales y de las testimoniales que se llevan a cabo. 
Hasta el momento, salvo la imputación a Diego Lagomarsino “por haber facilitado el arma” que disparó la bala que mató a Nisman, no hay otros acusados. 

La vorágine periodística no debería ser hoguera medieval que convierta las incógnitas en crímenes de agentes secretos. No hay protocolos ni manuales de estilo para que los periodistas actúen con una responsabilidad capaz de mitigar el género del escándalo noticioso con que son tratadas una violación a una menor o la muerte del fiscal que imputó de encubrimiento a la Presidenta de la Nación. La sociedad vivió un sacudón por la muerte de Nisman y sobre ese sacudón se montan una cantidad de disparates surgidos de la boca de quienes ocupan espacios de responsabilidad y contribuyen a un clima de sosiego e inestabilidad. 

Sin perjuicio del clima confrontativo que viven los referentes políticos y judiciales según estén alineados con el Gobierno o con la difusa oposición mediática, la marcha del 18F será un test que deberán analizar propios y ajenos con cierta frialdad. Es difícil poner un número a partir del cual esta convocatoria será un hecho político contundente o simplemente quedará como un homenaje a Nisman. De modo arbitrario, podría decirse que si concurren más de cien mil personas, que es más o menos lo que asisten a las marchas del Día de la Memoria (24 de marzo), la dirigencia argentina deberá tomar nota de que la convocatoria no fue solo un hecho político de signo opositor. No sumó nada el mensaje del diputado Jorge Landau respecto de que los jueces que concurran podrían ser recusados y el mismo secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, lo desautorizó para no crear una bola de nieve. Es comprensible que en los días previos los referentes del Gobierno y la propia Presidenta quieran diferenciarse de la convocatoria. 

Sin perjuicio del espiral del conflicto, no parece conveniente meter todo en la misma bolsa. Se sabía que el escrito de Nisman no iba a dormir el sueño de los justos y tampoco debe sorprender que, finalmente, ningún sector del Frente para la Victoria se desmarcó de la posición oficial. El caso más marcado, una vez más, es el de Daniel Scioli, acusado con saña por varios comunicadores de la Casa Rosada por haber estado en un evento de Clarín. Sin embargo, el gobernador bonaerense, y aspirante a ser el candidato del peronismo en las elecciones de octubre, dejó en claro que no asistirá a la marcha. 
Habrá que hacer una lectura más desapasionada y sobre todo menos paranoica respecto de que las demandas sociales en seguridad y justicia suelen ser transversales, de ningún modo pueden ser vistas con un prisma partidario. Es más, en el marco de la Constitución, las motivaciones políticas de oficialistas y opositores tienen el mismo grado de legitimidad. Para los magistrados y funcionarios que violen reglamentos propios de sus funciones están previstos mecanismos de juicio político en caso de incurrir en faltas graves. Les corren las generales de la ley. 

Un asunto pendiente, tras tres décadas de democracia, es construir políticas de Estado con mecanismos de consenso fuertes. Precisamente donde se logró eso fue con los juicios por delitos de lesa humanidad, que tuvieron como protagonistas a los gobiernos de Néstor y Cristina, promotores indiscutidos de esa política, al Congreso, que derogó las leyes de impunidad, y a la Justicia, empezando por la propia Corte Suprema y siguiendo por jueces y fiscales federales que tomaron la tarea en sus manos. De modo tal que desacreditar a la Justicia es de una estrechez completa. Al respecto, cabe recordar que el jefe del Ejército, César Milani, tendrá que enfrentar los tribunales por distintas causas y no hubo –como agitan algunos opositores– una obstrucción por parte del Ejecutivo. Los intentos de los abogados de Milani de frenar la citación en Tucumán por la desaparición del soldado Agapito Ledo no prosperaron y, tras las vacaciones del juez Daniel Bejas, hacia mediados de marzo, el jefe del Ejército tendrá que concurrir a los tribunales de Tucumán. Por otra parte, Milani tiene una causa por enriquecimiento ilícito que tramita en el juzgado de Rafecas. También en las próximas semanas retomarán impulso las causas que tienen como imputado a Amado Boudou. ¿Alguien puede decir que estas causas son una conspiración contra el Gobierno? Así como no cabe una condena anticipada, la sociedad no quiere impunidad. No lo quiso ni la quiere con el pasado genocida, pero tampoco con los eventuales hechos de corrupción de estos años. 

Sería miope pensar que la marcha del 18F divide a los argentinos entre quienes quieren justicia y quienes no. Desde ya, la trayectoria de varios de los magistrados convocantes los involucra con maniobras fraudulentas pero, por desgracia, el sistema judicial no los culpabilizó y por lo tanto no se puede vivir en el reino del carpetazo. Cabe recordar que en Brasil, al momento de celebrarse la segunda vuelta electoral, hubo una evidente maniobra mediática a través de la revista Veja, que sacó una edición especial para embadurnar a Dilma Rousseff y a Lula con un título sacado de la cloaca: “Ellos lo sabían todo”. Esa afirmación no surgía del expediente por la brutal corrupción descubierta entre directivos de Petrobras y líderes políticos del partido de gobierno y de otras fuerzas. Dilma, lo mismo, pudo imponerse y no obstruyó el procedimiento judicial. Este escándalo quizá se filtró por maniobras de espías o de empresas petroleras competidoras, pero una vez que los delitos son descubiertos, en democracia no deben ocultarse. 
¿Alcanza con una Justicia que sólo actúa cuando se pierde la impunidad? Desde ya que no. Pero mucho peor es tapar el cielo con las manos. Las reformas judiciales no pueden plantearse para hacer una fuga hacia adelante y para gambetear los juicios contra los funcionarios, sean del partido que sea. Y, al respecto, debería agregarse: la prensa “no debería” servir para favorecer a un candidato de la derecha –sea brasileña o argentina–, pero eso no significa presionar a periodistas o ayudar a empresarios de medios amigos para que saquen de la agenda las causas que involucran a miembros del Gobierno. No sirven medios sin autonomía ni periodistas que miren solamente la mitad de la cancha. Poner sobre el tapete estos temas no significa esperar cambios inmediatos, pero esconderlos es para posponerlos a un futuro incierto.