26/12/2022
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El informador geselino Por El informador geselino

COPARTICIPACION: LA BATALLA SIGUE EN EL CONGRESO Y EN LOS TRIBUNALES

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Mientras prepara la presentación judicial contra la cautelar de la Corte, el Poder Ejecutivo llamaría a sesiones extraordinarias. En ese ámbito, el oficialismo buscará tratar la moratoria previsional y abriría el debate sobre cómo financiar los recursos extra que el máximo tribunal le concedió a la Ciudad de Buenos Aires. Una opción es modificar el presupuesto, otra es crear nuevos impuestos.

En medio de los festejos navideños del fin de semana, el Gobierno estuvo dedicado a planificar los pasos a seguir para enfrentar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dijo que el Estado nacional deberá pagarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires unos 180 mil millones de pesos más de los que ya percibe por coparticipación --con el costo de la policía local incluido--. Mientras en Balcarce 50 aseguran que esa medida cautelar es "incumpible, inédita y política", están evaluando escenarios. Por un lado, confirman que este lunes no se pagará porque la Corte aún ni siquiera notificó al Banco Nación. Por otro, adelantan que esta semana avanzarán en el frente judicial con una presentación de la que se encargará el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y que a la vez llamarán a sesiones extraordinarias para tratar, entre otros proyectos, la ley de moratoria previsional. Una opción bajo análisis es que en ese período también presenten una ley para modificar el Presupuesto, o una para crear nuevos impuestos y conseguir los recursos necesarios para pagarle a CABA si no les queda otra opción y la Corte los obliga, lo cual, sin recursos extra, obligaría al Ejecutivo a violar la Ley de Presupuesto ya aprobada por el Congreso.

El Poder Ejecutivo, con el acompañamiento de una mayoría de gobernadores, realizó la semana pasada un movimiento inédito. Hasta el momento el presidente Alberto Fernández y los distintos miembros del Frente de Todos venían cuestionando los fallos del máximo tribunal y señalaban, como repite la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que ya no se trata de un Poder Judicial sino de un partido judicial con intereses políticos y partidarios. Lo cierto es que, esta vez, no solo se dijo, sino que, además de avanzar en el plano discursivo, el Gobierno avanzó en los hechos para que el fallo de los supremos pueda ser revisado dentro de la institucionalidad.

Según explicaron en un pronunciamiento conjunto el Presidente y los gobernadores del Frente de Todos --con el posterior respaldo de otros cuatro mandatarios provinciales de partidos locales-- cumplir con el fallo de la Corte implicaría no respetar el Presupuesto de 2023 que fue aprobado en el Congreso.

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