Porque y quienes

La conmermoración del 24 de marzo está dedicada a los 30.000 desaparecidos. Eso es lo que me dijeron desde que nací, tambien me contaron que en los 80 se condenó a los militares. En los 90 fueron indultados por el mismo Estado que los condenó. 

En los medios de comunicación no te contaban mucho más. Los medios no respondían una pregunta fundamental para cualquier tratamiento periodístico. ¿Por qué? Ese día hicieron desaparecer a 30.000 personas con un régimen de represión ilegal, tortura sistematizada a través del terrorismo de Estado porque querían la instauración de un plan económico respaldado y conducido por intereses económicos del gobierno de Estados Unidos y grupos económicos locales. En la última década se logró instalar en el sentido común de la sociedad una repregunta que permitió avanzar en lugar de retroceder en el enjuiciamiento de los responsables. ¿Quiénes?. Desde chico nos habían dicho que los culpables eran los milicos. Hoy los actos que conmemoran el 24 de marzo aclaran que se recuerda el golpe CÍVICO-MILITAR. La sociedad comienza a identificar a grandes empresas y corporaciones económicas como responsables de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura. Los titulares de Clarín, La Nación, La Nueva Provincia, Ledesma son algunos de los civiles que se han logrado procesar. 

Se reconoce que esta profundización del relato histórico se debe a quienes pusieron el cuerpo desde los organismos de derechos humanos como Abuelas, Madres, HIJOS, Familiares de desaparecidos, entre otros. A partir del 2003 gracias al impulso del Néstor Kirchner se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad en todo el país, se realizaron juicios en todo el país y se llevaron a cabo 370 condenas. 

Algunos jueces alineados con los intereses que idearon el golpe del 76 intentan conservar al margen de la responsabilidad a estos grupos económicos que hoy están imputados por la desaparición de personas. En una demostración de coordinación coorporativa, este mes, tres jueces de distintos puntos del país realizaron fallos que buscan prolongar la impunidad de dos grupos de comunicación -Papel Prensa y La Nueva Provincia de Bahía Blanca- y los Ingenios Ledesma de Jujuy. Queda pendiente avanzar en la democratización de estos sectores del poder judicial que permita hacer justicia por los 30.000 detenidos desaparecidos.