La normativa que crea nuevas condiciones para pensar en la recuperación del tramo Constitución Pinamar perteneciente a la línea Roca. El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para estatizar los trenes y crear la empresa pública Ferrocarriles Argentinos.
La iniciativa fue respaldada por el Frente para la Victoria, el radicalismo, el PRO y el peronismo disidente. En tanto, votó en contra la centroizquierda conformada por SUR-GEN (Fernando Solanas) y el Frente Cívico de Córdoba (Norma Morandini).
También busca la “renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria” y la “incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a su modernización”. El texto, que consta de 21 artículos, otorga al Estado la "plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional", con potestad para "desafectar bienes, rescatar, reconvenir o renegociar contratos de concesión suscriptos con Nuevo Central Argentino, Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca, Metrovías y Ferrovías”.
El proyecto tomó como referencia la experiencia francesa, donde se reunificó todo el sistema ferroviario bajo un gran holding público. Ferrocarriles Argentinos será una vez más el organismo rector de la actividad. La línea Roca se encuentra afectada por la nueva normativa que crea condiciones para pensar en la recuperación del tramo Constitución - Pinamar
La ADIF sumará a las obras de infraestructura la diagramación de la totalidad de los servicios o la aprobación final de los esquemas cuando su operatoria sea realizada por operadores privados. La Sofse, por su parte, estará a cargo de la operación por cuenta propia de cinco ramales metropolitanos de pasajeros: Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur, así como algunas líneas urbanas del interior. Belgrano Cargas y Logística quedará a cargo de la operatoria en los ramales cargueros.
Se establece, además, la "modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional" para la operación de los servicios de carga, de modo que "cualquier operador ferroviario pueda transportar carga con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quién detente la titularidad o tenencia de las instalaciones (en esos puntos de carga o destino)".
El presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, el kirchnerista mendocino Adolfo Bermejo, sostuvo que el Congreso estaba viviendo un “momento histórico” para los que “vienen del interior del país” y reconoció los “efectos negativos que tuvieron las políticas desacertadas de los años 90”.
El bonaerense Juan Manuel Abal Medina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, destacó que “recuperar los ferrocarriles es recuperar soberanía y demostrar que el Estado puede gestionar más eficientemente”.
“Estamos dando un paso más para una Argentina más justa y más soberana”, destacó Abal Medina. El radicalismo, aunque presentó un proyecto alternativo, aprobó en general la iniciativa que fue elogiada por los integrantes del bloque. El jujeño Gerardo Morales reconoció que “a Randazzo le pusieron una papa caliente en las manos y en los últimos años hubo una modificación en la política del actual gobierno sobre los trenes”. En ese sentido, el radical chubutense Mario Cimadevilla conjeturó que “muchos de los que hoy apoyan este proyecto están expresando su arrepentimiento de lo que apoyaron en la década de los ’90”.
El justicialista puntano Adolfo Rodríguez Saá, de todos modos, aclaró que “acá no se está estatizando nada” y recordó que “los ferrocarriles son argentinos por una decisión peronista de 1947 sostenida por todos los gobiernos hasta llegar a las destrucción de los ferrocarriles”.
El PRO también apoyó la medida aunque, según dijo el entrerriano Alfredo De Angeli, “se demoró demasiado esta estatización”.
En cambio, el representante de SUR-GEN, Fernando Pino Solanas, dijo que no iba a votar el proyecto porque “tiene una trampa” ya que “nunca se hizo una auditoría de inventario del millonario patrimonio ferroviario”.
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