UNA CAUSA SIN PRUEBAS CONTRA CRISTINA KIRCHNER

Las obras viales se gestionaron de manera autónoma dentro de la órbita provincial, desde el diseño hasta la adjudicación y el control de los pagos. Un presidente, por lo tanto, no tiene intervención en esos procedimientos, y ni siquiera participaba el ministro del área. De hecho, figuras como Julio De Vido fueron sobreseídas, y no se imputó a los jefes de Gabinete, responsables de la administración pública. Además, las obras fueron aprobadas por el Congreso Nacional a través de los presupuestos y financiadas con fondos de un fideicomiso creado a partir de un impuesto sobre los combustibles.

El expediente se centró principalmente en el hecho de que el empresario Lázaro Báez obtuvo 51 de las 81 obras licitadas, lo que algunos competidores en el juicio, incluso aquellos con una relación conflictiva con Báez, consideraron una consecuencia lógica. Argumentaron que Báez contaba con una gran cantidad de personal y maquinaria local en la provincia, lo que le permitía ofrecer precios más competitivos que otras empresas que debían trasladar recursos a más de 1.800 kilómetros. Incluso Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, coincidió con esta visión, señalando que Báez contaba con una ventaja operativa al estar familiarizado con las dificultades del terreno y los trámites administrativos en Santa Cruz, lo que también favoreció a las empresas locales en otras provincias para las licitaciones viales.