El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley “Ficha Limpia”, que busca impedir que personas con condenas por corrupción en segunda instancia se postulen a cargos públicos. Sin grandes cambios respecto a la versión impulsada previamente por el PRO, la iniciativa excluye las condenas dictadas en años electorales y amplía las restricciones a designaciones en altos cargos del Poder Ejecutivo. Juristas y especialistas advierten que el proyecto podría vulnerar principios constitucionales, como la presunción de inocencia, y aumentar la influencia de la justicia federal en la política.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló que el proyecto viola derechos políticos fundamentales protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, al establecer inhabilitaciones sin condena firme. Otros expertos, como Miguel Licht, critican la posible retroactividad de la norma, mientras que Maximiliano Rusconi alerta sobre el riesgo de manipulación judicial en un sistema marcado por la falta de legitimidad. Además, casos emblemáticos, como el de Carlos Menem, evidencian la importancia de respetar la presunción de inocencia hasta que una sentencia sea definitiva.
El proyecto también enfrenta cuestionamientos por su posible impacto político, ya que excluiría a figuras como Cristina Fernández de Kirchner de las elecciones. Manuel Garrido, exfiscal anticorrupción, calificó la iniciativa como un incentivo para demorar causas y manipular procesos judiciales con fines electorales. En un año marcado por tensiones políticas, la reforma promete un debate intenso en el Congreso, donde necesitará mayorías agravadas para su aprobación.
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