La causa judicial que investiga la polémica visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a ex militares condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza sigue tomando impulso. El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, ordenó el allanamiento de la cárcel el viernes pasado, con el fin de esclarecer cómo se gestionó el encuentro. Durante la medida, se incautaron el libro de ingresos y visitas, así como las grabaciones de las cámaras de seguridad. La acción judicial responde a denuncias presentadas por el abogado Pablo Llonto, el fiscal Félix Crous, y la diputada Lourdes Arrieta, que fueron unificadas en la causa dirigida por el fiscal Sergio Mola.
El allanamiento fue ordenado tras descubrirse que los legisladores libertarios, identificados como Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra Ugalde y María Fernanda Araujo, habían visitado el penal sin cumplir con los protocolos formales. Durante esta visita, realizada el 11 de julio, los diputados se reunieron y fotografiaron con reconocidos genocidas como Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías y Raúl Guglielminetti. El juez Kreplak tomó la decisión tras la presentación realizada por el titular del Tribunal Oral Federal Nº 5, Daniel Obligado, quien fundamentó la acusación en la posible comisión de delitos relacionados con la visita a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.
A pesar de que los diputados de LLA intentaron justificar la reunión argumentando que el objetivo era encontrarse con excombatientes de la guerra de Malvinas, la revelación de la verdadera naturaleza del encuentro provocó un quiebre interno en el bloque. Mientras algunos dirigentes del partido se distanciaron de los diputados involucrados, acusándolos de actuar sin consulta previa, otros señalaron a la vicepresidenta del bloque, Victoria Villarruel, como la promotora de la reunión, considerando su conocida postura negacionista y sus vínculos familiares con genocidas.
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