08/02/2017
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El informador geselino Por El informador geselino

Conflicto de Poderes

Copete: 

En el marco del litigio sobre el subsidio a grandes parcelas, la Suprema Corte de Justicia instó al Concejo Deliberante a que designe un abogado que represente al cuerpo ante el pedido del poder Ejecutivo. Roncoroni propuso un letrado de La Plata. La presidenta del HCD, Adriana Migliorisi, designó al abogado geselino Diego Villalba.

Escrita por Rauli Cabral. Fuente: Mañanas Informativas en 98.5

La Suprema Corte de Justicia bonaerense a través de una cédula de notificación instó al Concejo Deliberante a que designe un abogado que represente al cuerpo ante el pedido del poder Ejecutivo bajo la carátula: “Intendente Municipal de Villa Gesell c/ Concejo Deliberante de Villa Gesell s/ CONFL. ART. 196 CONST. PROV Art. 261º Ley Orgánica Municipal.” 

Esta situación se generó a raíz del conflicto que suscitó la ordenanza sobre las grandes parcelas de tierras, aprobada por el poder legislativo y que el ejecutivo vetó en dos oportunidades.

De esta manera la presidenta del HCD, Adriana Migliorisi, designó para este litigio al abogado Diego Villalba, quien oficiaba hasta hace meses atrás como titular de la OMIC, y que en esta oportunidad será el representante legal del cuerpo deliberativo. 

En este caso, el concejal de UNA, Atilio Roncoroni, reconoció que propuso como asesor legal a un matriculado de la ciudad de La Plata. Tal vez, dando a entender que no cree que un letrado de la ciudad pueda ser compétete para esta tarea. 

A partir de aquí se abre un nuevo capítulo en el enfrentamiento que tiene el intendente, Gustavo Barrera, y la mayoría de los concejales de la oposición. Las acciones legales del ejecutivo llevaron ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia este caso por un claro “Conflicto de poderes”. 

La situación se plantea compleja, sin embargo y para tratar de ser claros, desde el municipio indican que el poder legislativo se tomó atribuciones que no le corresponden respecto de los topes que plantean en la ordenanza por las grandes parcelas y decidieron que sea la justicia bonaerense quien tiene control de constitucionalidad, y por esto puede intervenir. 
En este sentido, el problema se genera cuando los concejales de la oposición votaron la ordenanza que implementa “los topes”, como lo denomina el oficialismo, porque lo que están haciendo en realidad es modificar la Fiscal e Impositiva. 

La Fiscal e Impositiva son obligaciones de carácter fiscal consistentes en Tasa, Derechos, Gravámenes y demás contribuciones. La denominación de impuestos es genérica y comprende todas las contribuciones, tasas, derechos y demás “obligaciones que el municipio imponga al vecindario en sus Ordenanzas”. 

Esta herramienta le permite al intendente implementar los topes lo que se denomina Facultad delegada, con dos consideraciones por un lado: no puede ser arbitraria y que la implementación debe ser equitativa y no puede delegar materias legales ni tributarias.

Cabe resaltar que las medidas, tanto la ordenanza del deliberativo como el veto y pedido de intervención de la justicia, no son bajo ningún punto de vista de carácter anticonstitucional.
Este nuevo round recién comienza. Los contrincantes, se conocen, se miden, se tantean y avanzan. Pareciera que no saben de estrategias ni medias, van a fondo. Cada uno con su técnica. 

En este caso el árbitro del cotejo, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, por supuesto ciega y sorda como es sólo reparará en quien lance los mejores golpes, sea más efectivo y finalmente alzará la mano de un único ganador a sabiendas que en este pelea no hay empates técnicos.


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