El Consejo de la Magistratura ha tomado medidas para proteger a la jueza Agustina Díaz Cordero, quien ha sido acusada por el cura Javier Olivera Ravasi de participar en una reunión donde se discutió cómo favorecer a represores encarcelados. En respuesta a esta denuncia, la comisión de Acusación del Consejo desestimó la presentación realizada por organismos de derechos humanos, que surgió tras la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a genocidas recluidos en el penal de Ezeiza.
La decisión de desestimar la denuncia fue respaldada por miembros del consejo, incluidos el abogado Miguel Piedecasas y el senador radical Eduardo Vischi. En contraposición, los diputados de Unión por la Patria (UxP), Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, abogaron por una investigación más profunda junto al abogado Héctor Recalde. Este tema será discutido en un plenario previsto para la próxima semana, donde Tailhade expresó su preocupación por el tratamiento apresurado del asunto.
Díaz Cordero, quien también se desempeña como vicepresidenta del Consejo, ha sido mencionada en chats judiciales presentados por la diputada Lourdes Arrieta. En estos mensajes, se discuten posibles estrategias en su contra, y Olivera Ravasi sostiene que la jueza estuvo presente en una reunión inicial del grupo el 14 de marzo. En su defensa, Díaz Cordero afirmó que no formaba parte de esos chats, aunque reconoció conocer a Olivera Ravasi y a otro miembro del grupo, el excamarista Eduardo Riggi.
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