Raúl Martínez, el funcionario a cargo del voto electrónico, es el presidente de Opalssen, la offshore de los Macri, condenado por contrabando y evasión. Viceministro de Modernización, privatizador de contratos de todo el Gobierno nacional y hombre de los Macri desde hace más de treinta años, hoy impulsa el voto electrónico -con la compra de máquinas y software- mientras antes estuvo preso y procesado por contrabando agravado, evasión impositiva y obstrucción de la justicia, y se comprobó que él falsificaba los certificados de importación fraudulentos. La Corte menemista los salvó y fue denunciada por ese fallo. El fallecido juez Fayt había votado en minoría por dejar firme el procesamiento. De paso, su hija es diputada para devolverle viejos favores.
Raúl Martínez está siempre. Para cerrar negocios oscuros de los Macri y, luego, para poner la cara si algo sale mal. Hace treinta años ya lo hacía en la corporación familiar.
Y hoy lo hace en el Gobierno nacional, como viceministro de Modernización.
Centraliza los contratos de la mayoría de los ministerios con diversos proveedores privados, incluido uno con Corea, a dónde viajó para implementar el sistema de voto electrónico (Macri evalúa intentar pasar la resistida ley en sesiones extraordinarias). Martínez, además, fue la cara del Gobierno en el Senado, para intentar defender el proyecto/negocio que además es parte de la estrategia electoral oficialista. También él tuvo que poner la cara y firmar la resolución que dio marcha atrás con otro proyecto resistido, la licitación “a medida” para DirecTV, lanzada por su ministerio.
Es también el mismo Raúl Martínez que fue procesado y condenado, junto a Mauricio y Franco, en la causa por contrabando y evasión impositiva de SEVEL (la automotriz de la corporación) en los años ’90.
La historia comenzó hace treinta años, cuando Martínez se hizo cargo de Opalsen, la oscura empresa offshore que crearon los Macri para estafar al fisco argentino por 450 millones de dólares. Franco y Mauricio Macri fueron procesados en esa causa, y Martínez se presentó a declarar en el juzgado para hacerse “cargo de todo” y alivianarles sus penas a los dueños. Martínez estuvo unos días detenido, acusado además de obstrucción a la justicia. Desde entonces pasó a formar parte de La Famiglia.
Acompañó a Andrés Ibarra -actual ministro de Modernización- en el Correo Argentino (privatizado por Menem a los Macri), en Boca Juniors (trampolín político de Macri) y en la Agencia de Informática del gobierno de la Ciudad (donde cerró jugosos contratos). Ahora, a cargo de País Digital, “ayuda” a los ministerios a tercerizar todo lo que tenga que ver con sistemas y bases de datos con una red de empresas, sin mucho rigor en el resguardo de información tan sensible como los censos profesionales o los beneficiarios de subsidios. Ya se sabe, con Macri negocios y política son indisolubles.
La hija de Raúl, Soledad Martínez, también recibió el cuidado de La Famiglia: fue la candidata más joven, y más desconocida, a concejal de Tres de Febrero, y es ahora una de las diputadas más jóvenes. Aspira incluso a suceder a Jorge Macri en la intendencia de Vicente López: el padre sabe que la política combinada con negocios es una carrera en la que vale la pena invertir.
Raúl Martínez es un peronista de El Palomar, Tres de Febrero, que trabajaba para la empresa de los Macri cuando decidieron crear Opalsen, una de las tantas offshore del grupo, esta con sede en Uruguay. La utilizaron para triangular la venta de automóviles de Sevel y así evadir impuestos. La maniobra era compleja, y Martínez era parte central: Sevel vendía autopartes a Opalsen, que armaba los autos y los volvía a ingresar a la Argentina. Pero en los papeles, cada comprador de los nuevos autos figuraba como importador individual, haciendo uso de los beneficios de exención impositiva existentes.
Martínez era el encargado de falsificar -uno por uno- los papeles y las firmas de los supuestos importadores que, en realidad, le compraban a Sevel en Argentina. No pareciera el mejor antecedente para confiarle la transparencia del sistema electoral.
La causa se inició como evasión impositiva y los Macri creyeron que podían hacerla caer pagando los impuestos que habían eludido. Pero la justicia dictaminó que la evasión es un delito en sí mismo que no se extingue con el pago. Al mismo tiempo, otro juez de Gualeguaychú, donde se llevaba a cabo la maniobra de falsificación de documentos de importación, abrió una causa por contrabando. Allí fue donde Martínez fue a declarar, para hacerse cargo de todo, pero fracasó.
Macri ya por entonces acusaba de persecución a todos los jueces que no lo favorecían y el gobierno menemista lo ayudaba en su embestida. Primero fue Carlos Liporace quien perdió su puesto, y luego el juez Tiscornia. Cuando finalmente la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia, la “mayoría automática” menemista le dictó la falta de mérito a Macri y Martínez. Sin embargo, el hoy aclamado juez Carlos Fayt, que falleció esta semana, sentenció en minoría que debía sostenerse el procesamiento y continuar con la investigación.
Los Macri nunca dejaron solo a Martínez desde aquella vez. Junto a Ibarra controlaron e hicieron negocios para Macri en el Correo Argentino, Boca Juniors y la Agencia Informática de la Ciudad, donde manejó todas las licitaciones y contrataciones del “gobierno electrónico”.
La fama de Martínez creció rápidamente en la Agencia. “Es Mauricio puro, es intocable”, repiten. Tanta fama tiene que existe incluso un blog de internet donde se cuentan sus andanzas.
Durante su tiempo como director de la ASI (Agencia de Sistemas Informáticos) del gobierno de la Ciudad, viajó dos veces a Seúl, Corea, y Japón para comenzar las tratativas para implementar el voto electrónico, entre otros negocios. Con todo encaminado, el ministro Andrés Ibarra tomó la posta en el último viaje.
Al frente de País Digital, lo que equivale a ser el viceministro del área, tuvo que dar de baja el polémico proyecto ión para la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de puntos de acceso wifi en 200 localidades del país con transporte de datos satelital en banda Ka, tras la polémica desatada luego de que el diario PáginaI12 denunciara que la convocatoria había sido armada a medida de DirecTV, la única que puede brindar servicios satelitales en el país en esa banda debido a una autorización experimental que le otorgó el Gobierno en septiembre. El contrato iba a ser por 12,2 millones de pesos.
La hija, Soledad Martínez, fue presentada en todas las revistas y medios como un ejemplo de los jóvenes de “clases populares” que se sumaban al PRO. Nacida en El Palomar, donde su padre se radicó con su segunda mujer, Soledad explica que “tuvo la suerte” de poder contactar a Jorge Macri, sin mencionar nunca los vínculos históricos de la familia y el hecho de que su padre es un muy acaudalado ejecutivo, además de funcionario macrista. Su carrera meteórica -concejal, presidenta de la juventud, encargada de la campaña en el distrito y diputada nacional cuando su padre lo reclamó- solo se explica por los privilegios de “pertenecer”.
Su padre está orgulloso: estas semanas trabajó desde Diputados para llevar adelante el último encargo que Mauricio les hizo: sacar a cualquier costo el voto electrónico.
En el mediodía de ayer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof inauguró junto... LEER NOTA COMPLETA
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