El escándalo provocado por la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a Alfredo Astiz y otros genocidas encarcelados en Ezeiza ha desencadenado una ola de críticas hacia Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, quien ahora enfrenta exigencias de tomar medidas disciplinarias contra los legisladores implicados. Incluso sectores de la oposición considerada amigable han manifestado su repudio, calificando el encuentro como absolutamente inaceptable. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha intensificado el rechazo al incidente al presentar una denuncia penal contra Beltrán Benedit, organizador del controvertido viaje, y ha insinuado que podría haber irregularidades en la facilitación logística proporcionada por la Cámara de Diputados para la visita.
Durante una reunión en su despacho destinada originalmente a discutir una reforma política propuesta por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, Menem se vio obligado a abordar el escándalo generado por los diputados Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra y Rocío Bonacci. Aunque el presidente de la Cámara intentó minimizar la controversia, las críticas persistieron y el bloque de Unión por la Patria (UxP) solicitó la formación de una comisión especial para investigar la conducta de los legisladores. Paralelamente, el colectivo Mario Bosch, compuesto por abogados especializados en derechos humanos, instó al Congreso a iniciar el proceso de destitución de los diputados, argumentando que su comportamiento no refleja los valores democráticos ni el respeto a los derechos humanos.
La repercusión del incidente se ha extendido más allá del ámbito legislativo, generando un debate público acalorado sobre la responsabilidad del Estado en la memoria histórica y la condena de crímenes de lesa humanidad. Organizaciones como Historias Desobedientes han expresado su rechazo a la visita, enfatizando la importancia de no trivializar los crímenes cometidos durante la dictadura militar. El diputado Esteban Paulón también ha presentado iniciativas para reafirmar el compromiso del Congreso con la memoria, la verdad y la justicia, subrayando la necesidad de mantener vivas las lecciones del pasado reciente del país.
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