A pocos días de las elecciones primarias los medios y precandidatos opositores intentan capitalizar el impacto de las últimas medidas desestabilizadoras efectuadas por corporaciones inmobiliarias y de provisión de servicios públicos como la electricidad y la recoleccón de residuos.
A veinte días de las PASO, Alberto Luco, quien se presenta como apoderado de las tierras del barrio Valle Guaraní, anunció ante los medios que, luego de la feria judicial, iniciará acciones legales contra la Municipalidad, contra el Intendente Gustavo Barrera y contra CEVIGE por brindar servicios urbanos a sus habitantes. Luco afirmó que la demanada contra el municipio será por 20 millones de pesos.
En el barrio informal Valle Guaraní, ubicado a la altura de Paseo 149 entre Av. 4 y 8, viven más de 250 personas. El reclamo de Luco es que el municipio, el Intendente y CEVIGE brindaron servicios a los habitantes del barrio, como apertura de calles, agua corriente, electricidad y recolección de residuos. En este sentido, Luco sostuvo en Radio Impacto: "Tengo fotos de los camiones de la basura que pasan dos veces por día a buscar los residuos". Luco reconoció publicamente que el municipio le propuso comprar las tierras del barrio Valle Guaraní.
El articulo 8 de la Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat establece que los municipios deberán ejecutar proyectos de integración socio urbanística de villas y asentamientos precarios. Distintos medios junto con los precandidatos opositores, en particular el periodista Fernando Brunet, se encargaron de afirmar en reiteradas ocasiones que la ley de Hábitat no cuenta con la adhesión del HCD. Pero omiten decir que el único artículo que requiere adhesión por parte del municipio para su aplicación es el que establece tributos sobre las valuaciones de las tierras.
Mas allá del debate, la ley 14.449 es ley y el Estado debe cumplirla garantizando condiciones dignas de Hábitat a las más de 1.100 personas que hoy están viviendo en los distintos barrios informales sin servicios urbanos básicos. La implementación es compleja pero por delante están las personas que a través de estas campañas son criminalizadas por su condición de vulnerabilidad habitacional.
Gustavo Barrera, desde que asumió como Intendente, viene demostrando un firme compromiso con la aplicación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Excepto Sebastian Alvarez, el resto de los concejales se oponen a la implementación esta ley, entre ellos están los precandidatos Jorge Martinez Salas y Atilio Roncoroni.
Las tierras del Valle Guaraní provienen de la suceción de Carlos Gesell. Luco y sus socios, entre ellos integrantes de la familia Roncoroni, estuvieron décadas sin ocuparse ni cuidar en absoluto la gran extensión de tierra hasta hace 8 meses que decidieron alambrarla. Pasaron los años y estas cientos de hectareas quedaron en el medio de la zona urbana de Villa Gesell gracias al gran crecimiento habitacional de esta zona y a las obras públicas y privadas de desarrollo urbano realizadas sobre Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas.
Este crecimiento urbanístico valorizó la zona, como consecuencia aumentó significativamente el capital de los grandes emprendimientos inmobiliarios turísticos. Como contrapartida la mayor parte de la ciudadanía no puede acceder a los valores que las inmobiliarias ofrecen los terrenos para construir una vivienda.
En enero de este año Luco anunció que habia alambrado el territorio y que tenía intensiones de realizar una inversión de 20 millones sobre el inmueble. Según testimonios del propio Luco y de varios ciudadanos de este barrio, a fines del 2014, Luco prometió que iba a ceder las tierras si no avanzaban las ocupaciones sobre el alambrado dispuesto en esa fecha.
A pocos días de las elecciones y en sintonia con Roncoroni y Salas, Luco sale a confrontar públicamente con el Intendente Barrera con una amenaza de demanda judicial.
Días despues del anuncio de la supuesta demanda judicial de Luco contra Cevige, el municipio y el Intendente; la Cooperativa Eléctrica, Crédito, Vivienda y Otros Servicios decidieron cortar sin aviso el servicio eléctrico al barrio informal Las Praderas ubicado al sudoeste de la ciudad.
Desde la página de Facebook Las Praderas barrio emitieron el siguiente comunicado:
"Tenemos un conflicto político con algunos monopolios, entre ellos, la empresa de luz Cooperativa Cevige que nos ha quitado la luz sin aviso alguno a más de 140 familias que vivimos en un barrio informal llamado barrio Las Praderas. Necesitamos que alguien nos ayude a difundir nuestra situación, estamos sin luz, sin agua, y sin ningún otro servicio que garantice el bien estar de nuestras familias. Existe el 16,9% de niños menores de 5 años, 18,4% de niños de 6 a 12 años, 8,3% de adolescentes de 13 a 18 años, 53,1% de adultos de 19 a 65 años y 1,3% de abuelos mayores de 65 años en el barrio Las praderas en Villa Gesell. ¡Necesitamos que alguien nos ayude por favor! Necesitamos que alguien mire detrás de los ricos y no ayude a normalizar nuestra situación tan emergente, tenemos toda la voluntad de pagar nuestros servicios y normalizar nuestra situación pero solos no podemos, por favor difundir, gracias."
Esta semana, con una llamativa sincronización con las coorporaciones inmobiliarias y de provisión de servicio eléctrico, Ecoplata redujo su servicio de recolección de residuos a reglamento dejando una significativa fracción de la ciudad con la basura en la calle. La medida fue instrumentada por el Sindicato de camioneros conducido por Alejandro Gallardo, segundo precandidato a concejal de la lista de Roberto Taboada e integrante de la CGT conducida por el massista Hugo Moyano. El sindicalista sostuvo que tomaron la medida porque el Municipio no actualizó los costos a la empresa sin tener en cuenta el pedido de informe tecnico económico que el Municipio nunca recibio de Ecoplata. De esta manera, el precandidato a Concejal presiona al Municipio con una medida de alto impacto social en el mismo sentido que los intereses de la empresa Ecoplata.
Estas corporaciones intentan desde su privilegiada posición de poder privado dañar la imagen del actual Intendente tomando medidas que vulneran derechos de la población. El propósito de estos grupos concentrados es que el próximo Intendente represente sus intereses económicos.
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