La sentencia de la Cámara de Casación sobre la causa de las rutas en Santa Cruz, que ratificó las condenas y absoluciones dictadas por el Tribunal Oral, ha sido duramente criticada por su falta de originalidad y rigor jurídico. En las 1543 páginas del fallo de los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, no se encuentran nuevos elementos ni una revisión profunda de los hechos o las pruebas. De hecho, el fallo se ha caracterizado por un evidente "copy-paste", con reiteraciones literales de fragmentos del juicio oral. Un ejemplo claro es el caso del juez Hornos, quien replicó la misma página del fallo en dos ocasiones, de manera exacta, sin realizar ninguna modificación sustancial.
En cuanto a las acusaciones contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los jueces no pudieron refutar adecuadamente los argumentos de la defensa, que señalaban la legalidad de las licitaciones y la normalidad de los procesos en los que Lázaro Báez se adjudicó la construcción de rutas en Santa Cruz. Los otros cargos, como la creación del fideicomiso en 2009 y la acusación de una deuda ficticia hacia Báez al final de su mandato, tampoco encontraron sustento sólido en la sentencia. A pesar de que el fideicomiso fue aprobado por la Auditoría General de la Nación y el pago de la deuda nunca se concretó, la condena se mantuvo.
Para muchos, la sentencia refleja una estrategia de proscripción política, más que una condena basada en pruebas concretas. La falta de nuevos argumentos y la ausencia de una valoración renovada de las pruebas, dejan en evidencia la naturaleza superficial de la decisión judicial, que parece estar más enfocada en mantener el show mediático que en garantizar una justicia imparcial y fundamentada.
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