El gobierno de Javier Milei ha dado un paso alarmante hacia la militarización de la seguridad interna del país, al autorizar, mediante el Decreto 1107/2024, el despliegue de las Fuerzas Armadas en situaciones internas que el Poder Ejecutivo considere como de “valor estratégico”. Esta medida, amparada bajo el pretexto de combatir el “terrorismo internacional” y el crimen organizado, socava las bases de la Ley de Seguridad Interior, que limita la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos. Ahora, ministros como Patricia Bullrich y Luis Petri tienen la potestad de decidir, de manera discrecional, qué constituye una amenaza lo suficientemente grave como para justificar la presencia militar en el país.
La ambigüedad del decreto es evidente, al no definir de manera clara qué se entiende por “valor estratégico”. Esto deja abierta la puerta para que cualquier acción que el gobierno considere una amenaza, como protestas sociales o movilizaciones sindicales, pueda ser calificada como una justificación para desplegar fuerzas militares. Al otorgar esta discrecionalidad, el gobierno se reserva el poder de utilizar al Ejército para sofocar disidencias, lo que abre un grave precedente para el uso de la fuerza en contextos que deberían ser resueltos por las fuerzas de seguridad civiles.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha alertado sobre los riesgos de esta decisión, destacando que el decreto va en contra de la normativa que limita el uso de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. Además, el peligro de esta medida radica en su capacidad para justificar la intervención militar en cualquier rincón del país, militarizando la protección de sitios estratégicos y generando un clima de inseguridad jurídica. Esta decisión se alinea con una tendencia preocupante en la que el gobierno, bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo, busca transformar al Ejército en una fuerza policial, socavando el equilibrio entre los poderes del Estado y afectando gravemente las libertades fundamentales.
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