Lucha de clases entre el legislativo y el ejecutivo

Lo que discute aquí no es un emprendimiento privado,  es más importante  porque sin saberlo ni decirlo con claridad  el debate está planteando  en quién diseña el crecimiento de la ciudad. ¿Debe ser el estado municipal o un grupo de inversores privados y bancos? Este es del debate. Y tiene varias aristas distintas que en algún punto se unen.

En materia de medioambiente prima la incertidumbre, nadie puede saber cómo se comportará la naturaleza dentro de varios años ni sus consecuencias futuras. No lo sabemos. En segunda instancia es quien planifica la ciudad más allá del  interés privado de los dueños de las tierras. Ser dueño no te da derecho a hacer lo que se te da en ganas. El estado debe pensar en la ciudad  y sus habitantes y estos deberían participar en estas decisiones.

En tercera instancia pensar que una obra de estas características puede generar mano de obra local es de una ingenuidad retorica ya conocida. Siempre se dice y nunca se cumple hay que preguntarle a los propios trabajadores geselinos si ellos creen en estas promesas sobre la base de todos los anuncios parecidos que escucharon en los últimos años.   

Por último pensar que este proyecto paralizará los asentamientos y los barrios precarios es falaz. Son dos caminos distintos que no pueden compararse ni cruzarse porque hay intereses disimiles en cada lugar. 

En  la semana pasada el bloque del FAU mas dos concejales del Frente para La Victoria dieron despacho a la ordenanza vetada por Barrera sin modificar un acento, ni leerla. Para ellos está bien, igual que la medida que creo la Comisión Mixta de Turismos que hoy está suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. El viernes pasado el concejal Martínez Salas anunció que giraba  la ordenanza a  la comisión para su análisis. Sin embargo,  el expediente sigue el orden del Día y su giro a la comisión como su tratamiento tienen las mismas oportunidades.

La adhesión del municipio de Villa Gesell a la ley de hábitat 14449  es otro punto de conflicto. Los concejales saben que si votan antes la ordenanza será difícil aplicar la mencionada ley. El camino inverso es el adecuado, pero insisten en que el municipio no está adherido. El proyecto está en el deliberante y son los concejales los que deben votar esa adhesión, no hacerlo es casi deliberado y  enmarcaría a la ordenanza en una  inconstitucionalidad y en un incumplimiento a los deberes de funcionario público, porque los ediles saben esto y no cumplieron con su deber.

De sancionarse la medida con los 2/3 de los concejales se plantearía un nuevo conflicto de poderes porque el jefe comunal no dudaría en girar las actuaciones a la Suprema Corte y se perdería el proyecto “El Salvaje” en una maraña de burocracia y largas esperas.

Quizás es el tiempo de escuchar a los vecinos, algo que dicen que hacen pero no se ve ni se materializa en acciones que respeten a la comunidad. Pretenden un crecimiento ordenado y  sustentable pero no se percibe ni se observa ese camino. “El Salvaje” es un proyecto faraónico y de largo aliento. Pensar en mano de obra y crecimiento es soslayar la realidad de todos los días, esa que nos da alegrías y también muchas tristezas.