El bloque Juntos por el Cambio emitió un comunicado rechazando el régimen de la tasa de seguridad e higiene a los grandes contribuyentes. Las 17 compañías que más facturaron en 2021 de rubros como bancos, grandes supermercados, distribuidoras, pinturerías y venta de materiales de construcción fueron las alcanzadas este año por la ordenanza 2782/18 que intenta derogar el macrismo local.
FUENTE: Voces Geselinas
La norma aprobada en 2018 y cuestionada por JxC representa "un avance hacia un sistema tributario progresivo que permita cobrar menos a los comercios de menores ingresos, sin debilitar al Estado, equilibrando el balance fiscal mediante un régimen especial de tasa de seguridad e higiene enfocado en las empresas que más facturaron durante el 2021" expresó la jefa del bloque Todos, Gabriela Carignano.
En entrevista radial, Diego Piacentini, Concejal del bloque Juntos y vocal de la UCR, sentó postura en defensa de los que más tienen diciendo: "Hostigan a quienes mueven la economía". De acuerdo con el edil, estas 17 empresas que recaudan fortunas merecen más beneficios, y son “quienes generan y mueven la economía de esta ciudad”.
Un enfoque que minimiza el protagonismo que tienen el conjunto de los trabajadores junto a los 2700 comercios que contribuyen desde su actividad al impulso de la economía local, y sobre todo ningunea el rol del Estado como redistribuidor y armonizador necesario de la economía.
El comunicado títulado "Presión Tributaria al Comercio: Juntos propone derogar una Tasa" tiene como único argumento que "el régimen de la tasa basado en la facturación del ejercicio anterior del contribuyente determinado en la declaración de Ingresos brutos incurriría en un supuesto de superposición con el tributo provincial". Más allá del tecnicismo contable que pierde peso al ver que el régimen de tasas vinculado a los ingresos se implementa en cada vez más municipios y es la tendencia hacia un sistema más justo y eficiente, lo que resuena en el escrito es lo que no analiza. En ningún pasaje del comunicado considera la dimensión económica de la medida porque saben que reducir la carga sobre los sectores concentrados y de alta capacidad económica traería como consecuencia el debilitamiento de los servicios públicos del Estado o aumentaría las tasas de la mayoría de los contribuyentes.
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