Otra medida forzada por la memoria colectiva

La iniciativa, que ahora será girada a la Cámara alta para su tratamiento, fue el producto de la unificación de proyectos en ese sentido de distintas fuerzas políticas del oficialismo y la oposición y contó con un respaldo unánime en el recinto.

El proyecto establece el boleto gratuito para el sistema de transporte ferroviario y de colectivos de corta, media y larga distancia, en días hábiles, para alumnos de la escuela primaria y secundaria y estudiantes universitarios y terciarios, así como para docentes y no docentes del ámbito público y privado. Ante una fuerte presencia de militantes universitarios y secundarios, que recordaron especialmente el secuestro y asesinato de diez jóvenes platenses durante la conocida como “noche de los lápices”, en 1976, los legisladores de todas las bancadas reafirmaron la necesidad de “garantizar el acceso a la educación como una herramienta indispensable para el desarrollo de nuestra sociedad”.

Asimismo, marcaron el consenso logrado para la unificación de todas las ideas. Sin embargo el texto aprobado presenta serias dudas en varios sectores sobre las formas de financiamiento con las que finalmente se implemente el beneficio para un universo difícilmente calculable de destinatarios, entre estudiantes y trabajadores. La normativa que ahora evaluará el Senado señala que será el Poder Ejecutivo el que destine los fondos necesarios para su implementación, aunque no especifica cómo será y deja librado ese mecanismo a la reglamentación posterior, en caso de que consiga la sanción definitiva.

Durante las discusiones previas al tratamiento en el recinto, algunos legisladores del oficialismo advirtieron sobre la necesidad de “responsabilidad” ante la votación de una medida de tal magnitud. La discusión la dieron al subrayar que el proyecto no pasó por la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, y que no tiene un monto definido del gasto que implicará su aplicación. Algunos estiman que sostener los viáticos del transporte público de toda la comunidad educativa en el marco de la Provincia podría implicar entre 200 mil y 300 mil millones de pesos anuales, una suma inviable en el momento financiero que afrontan la administración bonaerense y las municipales.