Poniendo las cosas en el lugar que corresponde

Esta mañana el coordinador general de la Delegación Gral. Pueyrredón, Fernando Araujo pudo ingresar a la oficina marplatense de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. De esta manera Araujo asumió el control de la delegación luego de que los últimos dos días la intervención ilegal impidió el ingreso avasallando las ordenes judiciales de Martina Forns e Iván Garbarino. Los fallos de ambos jueces suspendieron los decretos que neutralizaban parte de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Durante la reapertura personal del Afsca repuso el cartel que identifica el organismo. El mismo fue sacado por la intervención que intenta anular la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La delegación regional encargada de aplicar la Ley 26.522 se encuentra abierta y nuevamente habilitada para su atención al público en La Rioja 2449 Planta Alta de lunes a viernes de 8 a 14 Hs.

Mientras tanto la sede central sigue con un cordón y vallado policial que impide el ingreso del directorio, el funcionamiento del Afsca y el cumplimiento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Sabbatella denunció la desobediencia a los fallos judiciales

Martín Sabbatella, presidente del Directorio de la AFSCA, se presentó el martes ante el Juzgado Federal N° 2 de San Martín mediante un escrito en el que denunció por el incumplimiento, de parte del Gobierno Nacional, de la orden dictada por su titular la jueza Martina Forns. La desobediencia de un fallo judicial está penada por el artículo 239 del Código Penal, en el que se establece que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”. 

En su escrito, Sabbatella manifestó que se presentó en la puerta del organismo para retomar la posesión de su cargo y le fue impedido el ingreso por parte de la Policía Federal y las autoridades que, de facto, permanecen dentro de la sede de la AFSCA, habiéndose dispuesto un operativo característico de las épocas más negras de nuestra historia, simplemente para impedir su ingreso a un edificio público. Debe recordarse que el lunes de esta semana, la jueza Forns dictó una medida interina a través de la cual se suspendieron los efectos de los decretos 13/2015, 236/2015 y 267/2015. Esta resolución implica que la AFSCA no se encuentra más intervenida y que está suspendida la cesación en sus cargos de los miembros del Directorio legalmente designados, como su presidente Sabbatella.

Asimismo, al haberse suspendido los efectos del decreto 267/2015 también se retrotrae la creación de la ENACOM, así como las modificaciones que se realizaron sobre la Ley 26.522, la que vuelve a estar vigente con su texto original. 

Por tal razón, Sabbatella intentó reasumir y poner en funciones al organismo con todas sus facultades y obligaciones, lo que le fue negado mediante un fuerte dispositivo policial con más de 40 agentes de Infantería. En razón de eso, se puso en conocimiento de la justicia la comisión del delito de desobediencia por parte de la ministro de seguridad, Patricia Bullrich y el funcionario de ese Ministerio, Gonzalo Cané. Ambos fueron mencionados por el responsable policial del operativo, Comisario Esteban David Artola, como quienes impartieron la orden de no acatar la medida dispuesta y notificada el día anterior en Balcarce 50. Además, se responsabilizó de los hechos a quien se autodenominó como “subdirector de Asuntos Jurídicos” de AFSCA, que se encargó en forma personal y junto a la Policía de impedir que se cumpliera la medida dispuesta. 

“Presentamos un escrito ante el Juzgado Federal de San Martín denunciando la desobediencia a la medida judicial dispuesta y las consecuencias que esto genera. Al día de hoy, en virtud de las resoluciones judiciales que se conocieron el día lunes, el Directorio que presido es el responsable de la gestión de la AFSCA, pero no nos dejan ocupar nuestros lugares y reasumir las funciones. Al mismo tiempo, la gente que se encuentra dando órdenes adentro del organismo, no tiene ninguna facultad para tomar decisiones”, explicó Sabbatella y agregó: “Los jueces tienen las herramientas necesarias para hacer cumplir sus fallos, porque eso tiene que ver con la división de poderes. De lo contrario, nos encontraríamos con que el Poder Ejecutivo decide cumplir o no una resolución judicial en su contra, lo cual atenta contra la protección de todos los derechos ciudadanos y es inconcebible en un Estado de Derecho”. “Nos encontramos frente a un Gobierno que avanza por decreto, sin participación del Congreso, que no acata los fallos judiciales que le son adversos y que reprime la protesta social. Están atacando a la Democracia. Es urgente poner un límite a todo esto”, consideró Sabbatella. 

Por su parte, la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que inició el amparo en el que se dictó la medida, también se presentó denunciando el incumplimiento de la misma y exigiendo que se efectivice, incluso con el auxilio de la fuerza pública, de ser necesario. 

La Cooperativa citó el artículo 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el cual obliga a los Estados parte, como Argentina, a “garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. 

Asimismo, el Frente de Abogados de Nuevo Encuentro se halla a disposición de todos los medios comunitarios, universidades, cooperativas, licenciatarios o autorizados que se sienten afectados por los decretos sancionados por el Gobierno, para presentar las medidas judiciales tendientes a asegurar la libertad de expresión y el acceso a la información plural.