El Gobierno Nacional, a través del decreto 38, implementó una baja temporal en las retenciones a granos y economías regionales, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas. Sin embargo, sectores agropecuarios, liderados por productores Autoconvocados, ya comenzaron a presionar para que la medida se extienda más allá de julio, fecha en la que vence el beneficio.
La baja de retenciones, que redujo alícuotas para soja, trigo, maíz y otros cultivos, busca compensar el impacto de la sequía y los bajos precios internacionales, pero no logró contener el malestar de los Autoconvocados, quienes insisten en "retenciones cero". Aunque en un principio celebraron la medida, consideran que su temporalidad responde únicamente a una necesidad del Gobierno de obtener divisas en plena cosecha gruesa, dejando al sector en desventaja en el segundo semestre del año.
En paralelo, el Gobierno enfrenta un dilema fiscal y social: la recaudación perdida por la baja de retenciones impactará en un año electoral, mientras intenta cumplir con las exigencias del FMI para garantizar nuevas líneas de crédito. Según estimaciones, la medida generará un flujo de 11 mil millones de dólares en los primeros seis meses del año, aunque la presión del sector agropecuario y los condicionamientos del Fondo Monetario podrían definir el futuro de la política tributaria hacia el campo.
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