La administración libertaria no le perdona a la central obrera el rechazo al DNU y va por más. Sturzenegger y Caputo planean desregular y desfinanciar a las obras sociales, lo que afecta a los millones de afiliados. "Es una rémora de los 90s", planteó el Secretario de Acción Social de la central obrera, José Luis Lingeri.
La serie de decretos que el Gobierno tiene en carpeta desde diciembre como plan B en caso que se cayera el proyecto de ley ómnibus comenzarán a ver la luz a partir de esta semana. Se trata de una nueva saga de medidas concebidas en la Rosada para echar mano de la famosa “botonera del Estado”, con el objetivo de profundizar el plan de ajuste y “empobrecer a los que ponen trabas”, tal como lo describió el ministro sin cartera ni filtro a la hora de declarar Federico Sturzenegger. En esa lista aparece como prioridad oficial la desregulación de las obras sociales de los trabajadores del sector privado, a las que el propio Javier Milei describió como una “caja negra”. Esa idea ya estaba contemplada en el capítulo laboral mega-DNU y había sido frenada por la justicia a través de distintas medidas cautelares, pero la administración libertaria insistirá con su aplicación, lo que promete nuevos conflictos en la calle, principalmente con la CGT.
La idea de avanzar sobre un tema tan sensible para los trabajadores como su cobertura de salud se terminó de cocinar este viernes en una reunión en casa de Gobierno de la que participaron Sturzenegger y el asesor estrella Santiago Caputo, entre otros funcionarios de primeras y segundas líneas. Parte del paquete de ajuste contra los gremios incluye transferirles a las obras sociales la totalidad del costo del servicio para los afiliados con discapacidad, que por ahora está cubierto por el Fondo Solidario de Redistribución.
La versión que dejaron trascender desde la actual conducción de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) es que se publicará esta semana vía decreto la reglamentación de una parte del DNU 70/23 que habilitaría la libre elección de una obra social o prepaga por parte de los trabajadores, mientras que está en "estudio" lo que pasará con los fondos para discapacidad. La desregulación de las obras sociales había sido frenada por la justicia, junto al resto del capítulo laboral del decretazo, a través de diversas cautelares solicitadas por la CGT.
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