Una de cal y otra de arena para la gobernadora María Eugenia Vidal.

"No son delitos comunes" sostuvo María Eugenia Vidal, gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y una de las columnas que sostienen la arquitectura Pro - Cambiemos, y completó el giro de 180 grados del gobierno en esta materia aunque no puede evitar que la verdadera cara al menos del Pro, y por los profundos silencios del radicalismo, también de Cambiemos, cuál es el posicionamiento ideológico en materia de derechos humanos, una materia que no está en el génesis de la agrupación y que como acostumbra, asume un cambio ante la presión popular y en este caso también mediática, ya que solo Clarín y La Nación han quedado batallando del lado del gobierno en este sentido.

 “Los delitos de lesa humanidad no deben ser tratados como delitos comunes”, afirmó. El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, (migrado del ARI) se pronunció en la misma línea. Pero lo que no se ha escuchado todavía es la voz en este sentido del presidente Mauricio Macri que sigue sin decir una palabra al respecto. A esta altura, parece ser que ya no alcanza y queda cada vez más evidente que el fallo de la corte tuvo un camino de preparación desde un comienzo de la gestión desde diversos terrenos, como los diálogos con la cúpula eclesiástica que salió luego a hablar una vez más de reconciliación, los dichos de funcionarios como Lopérfido, las editoriales del diario La Nación y tantos otros elementos como así también el desprecio manifiesto de Mauricio Macri sobre las organizaciones defensoras de derechos humanos como las Madres y Abuelas, a las que incluso se las reprimió poco tiempo atrás.

Pareciera ser entonces que el gesto llega tarde al menos, pero quizá si sirva, para que aquellos jueces, que parecen muchos, que no están dispuestos a conceder el beneficio que posibilita la Corte con su fallo, sientan un respaldo o al menos una duda en los ámbitos gobernantes, que indiquen que el famoso "clima de época", tiene sus límites.

Ahora la gobernadora ha sumando un nuevo conflicto, esta vez con la decisión de cerrar centros asistenciales dependientes del gobierno de la provincia, dedicados a la atención y recuperación de adictos al juego, una problemática social muy grave que no siempre está presente en la agenda social, ni de los medios masivos.

Este nuevo recorte en el gasto social pone en evidencia la verdadera orientación de la aministración que encabeza María Eugencia Vidal en el ámbito bonaerense, más allá del marketing y lo declamativo, con la denuncia que realiza la Asociación Maestranzas y Servicios de los Casinos (AMS) sobre el cierre de los centros provinciales asistenciales de ludopatía.

Según explicaron desde el gremio, estos entes posibilitaban la atención psicológica y la contención profesional necesaria para aquellas personas que sufren la adicción compulsiva a los juegos de azar, ofrenciendo un tratamiento integral que abarca desde las conductas propias del juego hasta las relaciones laborales, familiares, educacionales y sociales de los ludópatas.

“Esta es otra muestra del gobierno provincial, de su desprecio para con la administración pública y los trabajadores estatales, pero también evidencia una nula preocupación por la salud de los bonaerenses que al verse desprovistos de este servicio tendrán que recurrir a costosos tratamientos que en muchos casos no podrán solventar”, aseguró Roberto Paéz, titular de la AMS, desde donde también se sostuvo que el sindicato se opondrá "contundentemente" al cierre de estos centros. "Protegeremos hasta las últimas consecuencias las fuentes laborales de los compañeros que allí se desempeñan”.