En los últimos nueve meses, Mauricio Macri autorizó la subasta de mas de 90 inmuebles que pertenecen al Estado. Hay desde departamentos y cocheras hasta predios gigantescos en distintas partes del país. Y ya desde el ejecutivo se planean nuevos decretos para próximas ventas.
Cinco decretos, figuran en el Boletin oficial, firmados por el presidente Mauricio Macri entre agosto del 2016 y abril del 2017, para de esta manera, autorizar la subasta de mas de 90 propiedades y predios que antes nucleaba la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Estas ventas generan el desfinanciamiento del Estado, porque pierde un recurso valioso como lo es la tierra, y por otro lado genera el enriquecimiento del sector privado, que compra esos terrenos para el desarrollo y la especulación inmobiliaria.
La mayoría de los inmuebles se ubican, de hecho, en la Ciudad, pero los más grandes -salvo la Isla de Marchi, esa zona porteña que el macrismo quiere convertir en un Puerto Madero bis- están en otras provincias: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Jujuy. También hay ventas en el exterior: edificios que quedan -o quedaban- en Uruguay, Brasil, Colombia y Estados Unidos.
“Si no venden empresas como YPF o Aerolíneas es porque no se aprueban en las encuestas que todos los días hace la AFI. Porque este Gobierno hace eso: usa a la inteligencia, entre otras cosas, para encuestar sobre los temas que le interesan”, afirmó a un medio nacional, Fernando “Pino” Solanas, senador nacional de Proyecto Sur.
Vale la pena recordar que este tipo de negociado con el patrimonio estatal ya es costumbre del gobierno de Macri,en sus ocho años como jefe de Gobierno, concesionó o vendió 174 hectáreas de la Ciudad. La diferencia es que ahora, el alcance de ese despojo es nacional. Es ineludible la marcada concepción privatista del ejecutivo nacional.
En el sitio oficial de la Agencia de Administración de Bienes del Estado se respalda ampliamente la decisión del gobierno: “No sólo constituirá una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional, sino que, además, generará un impulso en la economía al reactivar diversas actividades productivas”, asegura.
El abogado Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, se expresó al respecto: “Muchos de los funcionarios tienen como interés principal el de incorporar la mayor cantidad de tierras públicas al mercado. Es lógico: varios de ellos vienen de la actividad inmobiliaria. Incluso el presidente. Entienden el gran negocio que representa el suelo”, alude.
En el mediodía de ayer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof inauguró junto... LEER NOTA COMPLETA
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