Quedó en evidencia un sistema judicial que siempre favorece al mismo lado y que está dispuesto a ser cómplice en las políticas partidistas del macrismo. Los alegatos fueron la descripción de un país sin justicia. El reino de los Bonadio y los Stornelli que arrastra a todos los argentinos a una ruptura política.
La vicepresidenta se convirtió en la gran acusadora de un sistema de justicia que no tiene ninguna credibilidad para la mayoría de los argentinos. Lo que debería haber sido una defensa se transformó en acusación y desde el banquillo de los acusados no sólo demolió la acusación sino que demostró con las fechas en la mano la manera como el macrismo armó esas acusaciones con la complicidad de los medios hegemónicos y de los funcionarios judiciales para utilizarlas en plena campaña electoral.
Si faltaba un pequeño empujón, la defensa de Cristina Kirchner en la causa del dólar a futuro fue una trompada que dejó grogui al sistema de corrupción judicial que inició el macrismo con su mesa judicial y con jueces facciosos como Claudio Bonadio y fiscales como Carlos Stornelli, imputado en una causa por extorsión a testigos.
El sistema de lawfare que dejó el macrismo no resiste. Cuando la justicia deja de ser creíble para la mayoría, ya no sirve como institución. Para poder decidir sobre vida y obra de cualquiera, tiene que ser, como requisito indispensable, aceptada, intachable, creíble, transparente. Todo eso lo perdió con las manipulaciones turbias del macrismo para perseguir a sus adversarios políticos. Y cuando la justicia deja de ser creíble y aceptada, es lo mismo que no existiera. Y cuando la Justicia no existe, habilita la violencia.
El fiscal Stornelli, que figura en una grabación con la intención de plantar droga en la casa del ex marido de su actual pareja para incriminarlo, sigue en funciones, protegido por el Procurador interino Eduardo Casal. Stornelli, en funciones como fiscal, amenazó al presidente Alberto Fernández: “ya nos vamos a encontrar de hombre a hombre cuando deje de ser presidente”. Cristina Kirchner aclaró que no sólo fue la amenaza de un violento sino de alguien acostumbrado a usar en su provecho el poder que le da su función como fiscal.
La mayoría de las causas armadas en contra de Cristina Kirchner pasaron por un juez y un fiscal impresentables, como Bonadio y Stornelli, dispuestos a sacrificar cualquier prerrogativa de Justicia para acatar el mandato de la mesa judicial macrista de perseguir, humillar y difamar a sus adversarios. Varios de los allanamientos a sus domicilios coincidían con festejos familiares. El allanamiento al Banco Central se realizó tres días antes de las elecciones de 2015.
El panorama que describió Cristina Kirchner fue demoledor, aunque seguramente los medios hegemónicos y los macristas convencidos mirarán para otro lado y tratarán de justificar las causas armadas por el dúo Bonadio—Stornelli, algunas confirmadas después por tribunales superiores. Porque quedó en evidencia un sistema judicial que siempre favorece al mismo lado y que está dispuesto a ser cómplice en las políticas partidistas del macrismo. Fue la descripción de un país sin justicia.
Es una situación grave, incluso para la derecha. Cuando el ejército se convirtió en herramienta golpista de la derecha, desnaturalizó su función para la defensa. Se convirtió en un país con un ejército más entrenado para intervenir en la política interna que en la defensa externa. Y así fue el resultado desastroso en la guerra de Malvinas, como lo demostró el informe del general Rattenbach.
El golpe militar quedó tan desprestigiado tras los años '70, cuando toda Latinoamérica, con la excepción de dos o tres países, quedó sometida a dictaduras, que perdió su utilidad para el sistema. En su reemplazo, la derecha empezó a usar en toda la región, el mecanismo de lawfare contra los movimientos populares. Solamente un fanático puede ignorar el procedimiento que se utilizó en Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil y Honduras para desgastar o destituir presidentes populares.
Solamente un fanático puede negar la catadura de Bonadio o de Stornelli. Y solamente un fanático puede negar que ambos son sólo emergentes de un sistema judicial que el macrismo llevó a su máximo nivel de subordinación partidista.
Alberto Fernández manifestó que cualquier acción sobre el Poder Judicial, respetará las vías institucionales. Porque parte de la idea de que una intervención forzada, aunque sea bien intencionada, generará descreimiento del otro lado. Y la administración de justicia debe ser aceptada por unos y otros. Hay un antecedente positivo: la conformación de la nueva Corte Suprema durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Si la derecha judicial y política mantiene la mezquindad de defender a rajatabla este sistema desprestigiado, para aprovecharlo, aunque más no fuera para fidelizar a sus partidarios, llevará al país a una crisis institucional grave. Si actúa con mezquindad, puede pensar que esa crisis le conviene para desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández.
En ese escenario continuaría Casal protegiendo a Stornelli y Casación corroborando lo que hicieron con Bonadio, cuando en otra causa se demostró la forma como extorsionaban a los testigos y los mecanismos que tenían con los servicios de inteligencia del macrismo para tomar grabaciones ilegales y distribuirlas entre los periodistas amigos Así creaban el clima propiciatorio para justificar decisiones judiciales arbitrarias y sin pruebas.
Pero en estas circunstancias de descreimiento, si mantienen actuaciones en las que ni siquiera creen los macristas, aunque simpaticen con ellas, sólo conseguirían enrarecer el clima político. Serían responsables de llevar al país a las preliminares de una escalada similar a la de los golpes militares que culminaron con la dictadura sangrienta de Videla.
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