Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, se ha desmarcado de la visita de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a genocidas en el penal de Ezeiza, alegando que se enteró del evento a través de la prensa y no mediante consulta alguna. En una entrevista con C5N, Bullrich insistió en que nunca mantuvo contacto con el diputado Beltrán Benedit ni con otros involucrados, y minimizó el incidente, describiéndolo como una simple "visita a la cárcel".
A pesar de las declaraciones de Bullrich, los testimonios y chats filtrados sugieren lo contrario. La Justicia Federal de Comodoro Py ha solicitado explicaciones a la ministra en su capacidad de responsable del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ya que se han encontrado evidencias de que autorizó la visita. El sacerdote Javier Olivera Ravasi y la diputada Rocío Bonacci han indicado que Bullrich facilitó la entrada de los diputados al penal, y el propio Benedit confirmó que habló con funcionarios del SPF para coordinar la visita.
La situación de Bullrich se complica a medida que emergen pruebas que la vinculan con la visita a represores. Aunque la ministra intenta desligarse de cualquier responsabilidad y evita referirse directamente a los crímenes de los involucrados, sus intentos por aclarar su papel en el escándalo parecen insuficientes ante las evidencias en su contra. La investigación continúa, y el impacto de este episodio sigue pesando sobre su gestión.
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