El Ministerio de Economía deberá informar al juez Andrés Heim sobre la paralización del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y su impacto en las obras de urbanización para 6,500 barrios populares en Argentina. Esta medida forma parte de un amparo colectivo promovido por 11 barrios de distintas provincias, representados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que denuncia la interrupción de trabajos esenciales desde la llegada del gobierno de Javier Milei.
El juez Heim, al aceptar el reclamo como colectivo, ha incorporado 37 casos adicionales, extendiendo la acción a todos los barrios registrados en el Renabap. La demanda argumenta que la decisión del gobierno de desfinanciar el FISU mediante el decreto 193/24 viola derechos fundamentales como la vivienda, la salud y un ambiente sano, afectando gravemente las condiciones de vida de miles de ciudadanos.
La reducción drástica de financiamiento para obras esenciales ha dejado sin concluir más de 30,000 proyectos destinados a proporcionar servicios básicos a aproximadamente 330,000 familias. La eliminación del porcentaje asignado al FISU del impuesto PAIS ha llevado a una caída de los ingresos del fondo de 35,000 millones de pesos mensuales a solo 46 millones en marzo, lo que representa un 0.01 por ciento de lo recaudado anteriormente. Esta situación no solo perpetúa la falta de infraestructura adecuada, sino que también genera desempleo y agrava problemas de salud y acceso a la educación en los barrios.
En el mediodía de ayer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof inauguró junto... LEER NOTA COMPLETA
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