Más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional y solicitaron el "cese" de su aplicación, que tendrá mañana su primera prueba en el marco de la movilización convocada por la Unidad Piquetera, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001.
"Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15.000 firmas individuales", informó hoy el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Entre los solicitantes se encuentran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero y Nuevo Encuentro.
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