Dos jubilados han presentado una demanda para declarar inconstitucional el veto del presidente Javier Milei que bloqueó la ley de movilidad jubilatoria, crucial para la recomposición de los haberes previsionales. Asesorados por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino, argumentan que el veto es regresivo y vulnera el derecho a la seguridad social. La demanda cita un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estima que el impacto fiscal del proyecto de ley sería de solo 0,34 por ciento para este año.
La demanda también critica el decreto 274/2024, que establece un índice de movilidad basado en el Índice General de Precios (IPC) del Indec, pero que no incluye medidas compensatorias. Esto resultaría en una pérdida de poder adquisitivo para los jubilados. En contraposición, la ley de movilidad (27.756) introducía un nuevo índice que contemplaba un incremento compensatorio y garantizaba una mejora en la seguridad social, la cual fue impedida por el veto mediante el decreto 782/2024, que alegó razones fiscales y la necesidad de mantener un equilibrio presupuestario.
Los demandantes sostienen que el veto debe ser sometido a un control de constitucionalidad, ya que no puede basarse en razones arbitrarias y debe estar razonablemente fundamentado. Argumentan que la ley original ofrecía un mecanismo de movilidad más sólido, vinculando los haberes de los jubilados al crecimiento salarial, y que el veto atenta contra derechos fundamentales y la protección de sectores vulnerables. Además, subrayan que el Estado no ha demostrado la existencia de circunstancias que justifiquen la restricción de derechos previsionales, y reclaman el derecho humano de acceso a la justicia para las personas mayores.
En el mediodía de ayer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof inauguró junto... LEER NOTA COMPLETA
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