Desde la llegada del gobierno de La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei y Victoria Villarruel, se ha observado un drástico recorte en los ex sitios de memoria de gestión nacional.
Este año, 28 de los 65 trabajadores de estos lugares fueron despedidos, afectando áreas críticas como conservación, mantenimiento y visitas. La reducción de personal ha generado preocupación por el posible cierre de estos espacios, lo cual ha llevado a la Red de Sitios a presentar una queja ante la CIDH.
El impacto de los despidos se ha sentido especialmente en los ex Centros Clandestinos de Detención porteños, como Automotores Orletti. Octavio Rampoldi, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), denunció que estos actos son parte de un plan deliberado para desactivar las políticas de derechos humanos y memoria en Argentina. Desde la asunción de Alberto Baños en la Secretaría de Derechos Humanos, se contabilizan 101 despidos en el sector, afectando significativamente áreas como leyes reparatorias, archivo nacional y los propios espacios de memoria.
El futuro de estos sitios permanece incierto, con renovaciones contractuales pendientes y una marcada reducción de personal que amenaza su funcionamiento y su papel fundamental en la preservación histórica y la justicia transicional en el país.
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