En los últimos 15 meses se quedó con U$S 2720 millones netos. Los agrodólares ya no alcanzan para sostener el resto de las actividades. Hay mayores pagos por deudas e intereses.
El Banco Central logró retener apenas la mitad de las divisas generadas por el comercio exterior en los últimos 15 meses. En ese lapso, el superávit comercial fue de U$S 5633 millones, pero de ese total a la entidad monetaria solamente le quedaron U$S 2720 millones. Los números surgen del balance cambiario que la entidad publica mensualmente, en el que se consignan los ingresos y salidas por bienes y servicios.
De acuerdo a los informes de ese organismo que analizó Tiempo, en 2022 el BCRA logró quedarse con U$S 5956 millones luego de sus compras y ventas con agentes económicos y entidades oficiales. En el primer trimestre de este año, en cambio, las cuentas dan un saldo negativo de U$S 3236 millones.
Un renglón que empezó a ser seguido con atención en los pasillos oficiales es el de los ingresos primarios, uno de los ítems que forman parte de la cuenta corriente cambiaria. Allí se incluye el pago de deudas, intereses, utilidades, dividendos y otras rentas.
Por esos conceptos se fueron U$S 9830 millones en los últimos 15 meses. A los U$S 6904 millones de 2022 les siguió una fuerte aceleración de los dos primeros meses de este año: U$S 1352 millones en enero y U$S 1142 millones en febrero.
En marzo, la tendencia se mantuvo aunque hubo una cierta desaceleración en los montos que salieron del Central por ese rubro. «Las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de U$S 432 millones en marzo, principalmente por pagos netos de intereses por U$S 409 millones. Dentro de las cancelaciones brutas de intereses, U$S 292 millones fueron realizadas por el Gobierno General y BCRA, de los cuales U$S 235 millones corresponden a cancelaciones de intereses con organismos internacionales (excluyendo al FMI), mientras que el sector privado totalizó pagos por U$S 169 millones. Asimismo, se registraron transferencias de utilidades y dividendos al exterior por U$S 27 millones», señala el último informe cambiario emitido por la entidad.
Los montos en juego son tales que desplazaron en importancia al siempre observado renglón de viajes, pasajes y pagos con tarjeta al exterior (que el año pasado insumieron U$S 7232 millones, casi el triple que en 2021) y al de formación de activos externos, también conocido como fuga de capitales, que perdió relevancia a partir de la implementación del cepo cambiario y de los sucesivos ajustes para perfeccionarlo.
Entre otras cuestiones, los balances del BCRA dan cuenta de la fuerte infuencia que el complejo agroexportador ejerce sobre el resultado de las cuentas oficiales. A tal punto que los resúmenes discriminan a las empresas cerealeras y oleaginosas, que tienen obligación de liquidar sus ventas por el mercado oficial de manera inmediata, del resto de lo que se denomina “sector real”.
Así, las primeras abastecieron al BCRA durante 2022 de U$S 39.568 millones. De esa suma, casi dos tercios (U$S 25.976 millones) fue el saldo neto que dejó el comercio exterior de parte del sector real. Otros U$S 6854 millones fueron destinados a personas humanas, en gran parte para cubrir el saldo entre ingresos y egresos por viajes, pasajes y pagos al exterior con tarjeta.
En cambio, en el primer trimestre de 2023, las cerealeras y oleaginosas no alcanzaron a cubrir todas las necesidades: aportaron U$S 2263 millones, mientras que la demanda neta del sector real fue de U$S 3744 millones y la de las personas humanas de U$S 1511 millones.
Esos datos empezaron a ser seguidos con atención por el gobierno, sobre todo a partir de la acuciante falta de divisas, que ya se convirtió en un problema político por la debilidad en que quedan las autoridades a la hora de garantizar que no habrá un ajuste del tipo de cambio en un plazo cercano.
El panorama se vio agravado porque en materia de comercio exterior, el panorama mutó de generar una lluvia de dólares a una época de vacas flacas con apenas un año y medio de diferencia. En 2021 el superávit comercial fue de U$S 14.750 millones, según los informes técnicos del área emitidos por el Indec. Pero en 2022 el saldo bajó a menos de la mitad: U$S 6923 millones. El primer trimestre del corriente ejercicio pinta desalentador: hay un déficit de U$S 1290 millones.
Varios factores influyen en esa involución. El año pasado se caracterizó por un fuerte incremento en los precios de la energía (que insumieron una salida extra de U$S 3324 millones más que en el año anterior, según los registros del BCRA) y un importante incremento en el precio de los fletes a causa del cimbronazo internacional que significó la guerra entre Rusia y Ucrania. Este año, el problema fue la sequía: en marzo el sector de oleaginosas y cereales ingresó en el mercado oficial 61% menos de divisas que en el mismo mes de 2022.
El cruce entre la balanza comercial y el balance cambiario, de todas maneras, tiene una observación estadística. Mientras la primera, medida por el Indec, recoge los saldos devengados (las operaciones pactadas y registradas durante un período determinado), en las estadísticas del BCRA sólo se computan los montos efectivamente pagados y percibidos.
Aún con esas diferencias, originadas principalmente en el plazo en el que se abonan las exportaciones e importaciones, la comparación generó miradas de reojo hacia la conducción del Banco Central.
Su titular, Miguel Ángel Pesce, considerado un “albertista” de la primera hora (es uno de los pocos funcionarios del área económica que se mantiene en su cargo desde que empezó la actual administración, en diciembre de 2019), es observado en sectores del propio oficialismo por las dificultades para retener los dólares en un momento tan delicado como el actual.
En la calle Reconquista, donde está la sede del Banco Central, se defienden citando las restricciones dispuestas a través de diversas comunicaciones, que obligan a las empresas privadas a conseguir recursos propios para abonar sus deudas al exterior. El Central sólo les garantiza el 40% de las mismas para disponibilidad inmediata. Esto obligó a muchas de esas empresas (entre ellas alimenticias de primera línea) a refinanciar sus deudas. Sin embargo, desde la entidad también se cubren sobre la responsabilidad que les toca y dejan trascender que los pedidos para el pago de deudas también se originan en empresas estatales, como YPF, y en provincias que emitieron bonos en dólares y que tienen que honrar esos compromisos con sus acreedores.
La ecuación se completa con los retrasos para aprobar importaciones a través del SIRA, el sistema informático a través del cual las empresas plantean sus necesidades de bienes y servicios y también las divisas para adquirirlas. Buena parte de las cámaras empresariales se quejan de las demoras para conseguir insumos y de las dificultades que tienen para mantener los procesos productivos en marcha.
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