EL GOBIERNO APLICARÁ AJUSTES EN PENSIONES POR DISCAPACIDAD: CIUDADANOS EN LA MIRA DE UNA AUDITORÍA "LIBERTARIA"

Lucrecia, una mujer de 40 años con síndrome de Down, es una de las muchas personas afectadas por esta medida. A principios de agosto, recibió la carta documento de la ANDIS, obligándola a presentar pruebas de sus ingresos mensuales para evitar la pérdida de su pensión por "invalidez". Al igual que ella, miles de personas con diversas discapacidades se han visto obligadas a acudir a la sede de la agencia en Congreso, donde se realizan audiencias que no garantizan la continuidad de los beneficios. La incertidumbre y el miedo se apoderan de los afectados, quienes temen perder la única fuente de ingresos que les permite llevar una vida independiente.

Desde el Gobierno sostienen que estas citaciones son parte de una "auditoría" que busca regularizar los beneficios, apoyados en un decreto de 1997. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de personas con discapacidad consideran que este procedimiento es violento y vulnera derechos fundamentales. Según la Red de Personas con Discapacidad (REDI), las pensiones por invalidez son un derecho adquirido que no puede ser revocado arbitrariamente. Este ajuste, afirman, podría ser judicializado, dado que contraviene normativas internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad.