Tres relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han expresado su "grave preocupación" por la decisión del gobierno de Javier Milei de desmantelar los equipos de civiles encargados de revisar los archivos de las Fuerzas Armadas, esenciales para las causas por crímenes de lesa humanidad. Los expertos instaron al gobierno argentino a prevenir cualquier forma de negacionismo o revisionismo histórico relacionado con estos hechos.
El 28 de marzo, el Ministro de Defensa, Luis Petri, despidió a diez de los trece expertos que trabajaban en la revisión de documentación clave. Petri acusó a los especialistas de actuar como un grupo “parajudicial” y de practicar “macartismo” contra los militares. Esta decisión fue condenada por organizaciones de derechos humanos y por 36 fiscales, quienes solicitaron la reversión de la medida. A pesar de las críticas, Petri ratificó su decisión y derogó la resolución de 2010 que había establecido estos equipos.
Los relatores de la ONU, Bernard Duhaime, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz, recordaron que el derecho internacional obliga al Estado argentino a investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos, preservar la memoria histórica y evitar la proliferación de tesis revisionistas. También pidieron que se mantenga el acervo documental de las Fuerzas Armadas, en consonancia con una orden reciente del juez federal Ernesto Kreplak. La comunicación de la ONU, que llegó el 2 de mayo, subraya la necesidad de preservar archivos y lugares de crímenes, un llamado que se hace aún más urgente tras la eliminación de la unidad especial de investigación en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).
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