"El 0.7 del PBI resolvería la indigencia y la discrecionalidad."
La frase es de Nacho Levy y es la mejor síntesis acerca del Ingreso Universal.
Esta política redistributiva en favor de los sectores más postergados, los que no tienen ningún ingreso formal, está siendo debatida en el mundo desde hace tiempo.
Tomó fuerza durante la pandemia, cuando los Estados tuvieron que asistir los sectores que, por las restricciones a la circulación, vieron limitada su posibilidad de changas, tareas de limpieza y cuidado o en la construcción, en los marcos de la informalidad.
En Argentina se conoció como IFE, ingreso familiar de emergencia.
El Ingreso Universal es garantizar desde el Estado un monto mensual para toda la población adulta que no esté cubierta por un ingreso formal.
Una medida justa y necesaria en este momento de inflación mundial y peligro alimentario globalizado, agravado en nuestro país por nuestra condición de país con la mayor deuda del mundo en relación a su PBI.
Está condición de Argentina, que hace imprescindible la aplicación de un Ingreso Universal, que sería percibido directamente por los beneficiarios (cómo la AUH), sin intermediaciones, es la que también abre el debate acerca de su financiamiento.
Aportarían a este financiamiento la masa de los llamados "Planes Sociales" que serían absorbidos por esta política, y el cálculo de retorno en recaudación de estos dineros que se volcarían enteramente al consumo.
Se estima para esta política un 0.7 del PBI, un universo de 6-8 millones de beneficiarios y un monto que oscila entre la que marca el Indec para la línea de indigencia de un adulto mayor y un salario o jubilación mínima.
El debate está instalado.
La urgencia también...
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