Los representantes de las pymes de sector de biocombustibles y las cámaras empresariales de la industria pesquera exigieron quitar las modificaciones y derogaciones enviadas al Congreso por el presidente Javier Milei respecto de las leyes que rigen esas actividades y le apuntaron: "Esto no es seguridad jurídica".
El representante de la Cámara de Biocombustibles y Energías Renovables, Tomás Lerda, habló en el plenario de comisiones de la Cámara baja para advertir que las modificaciones hechas a la Ley 26.093 por el proyecto del oficialismo son "la carta de defunción" de las pymes de biocombustibles. El objetivo de la desregulación económica propuesta por Milei y Caputo es que las pymes compitan en precios para el mercado interno con las grandes cerealeras ubicadas en el puerto de Rosario.
Lerda explicó que la norma fue creada para generar empleo y arraigo a nivel federal y, por ese motivo, existen 27 plantas instaladas en distintos puntos del país, alejados del puerto de Rosario. "La ley nos pensó chicas y ubicadas en distintos puntos del país para generar arraigo", insistió y denunció que las modificaciones las mandan a competir con las empresas que son sus propias abastecedoras de materia prima.
En ese sentido, Lerda pidió respetar la "seguridad jurídica" en el marco de la Ley 26.093 y avanzan en modificaciones "sin destruir" las plantas instaladas. También descartó la posible modificaciones que crea dos segmentos diferenciados en el que las pymes podrían seguir compitiendo por abastecimiento entre ellas. "Esto que suena la solucion seguimos quedando afuera", porque "terminaría en que las plantas que vayan a cerrar sean las más chicas y más alejadas del puerto".
El representante pidió sostener el corte obligatorio en biocombustibles y ampliarlo a cupos y precios que favorezcan a las pymes. "Si van a seguir modificando la ley, le pedimos al Poder Ejecutivo, que nos convoque", criticó y agregó: "Si la intención es que no cierren plantas por cerrar, les pedimos participar de esto".
Por su parte, la industria pesquera participó con la intervención de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y la Intercámaras de Industria Pesquera. La crítica a la apertura del Mar Argentina a los barcos extranjeros y la desregulación del Consejo Nacional Pesquero ya resonó entre los gobernadores y fue uno de los puntos exigidos a la Casa Rosada.
Las cámaras empresarias fueron al plenario con el mismo tono y recordaron que se trata de una industria con 2 mil millones de dólares en exportaciones, que no podría enfrentar el 15 por ciento de retenciones impuestas por el proyecto de Ley Ómnibus. "Toda modificación y derogación que ha sido propuesta afecta al sentido de nuestra economía y de los recursos naturales. Va a ser un gran error si avanza", sentenció Agustín de la Fuente, representante de Capip. Mientras que desde la Intercámaras directamente se exigió la eliminación del capítulo de la Ley de Pescan en el proyecto presentado por el oficialismo.
En el mediodía de ayer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof inauguró junto... LEER NOTA COMPLETA
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