El gobierno nacional anunció la rescisión de 2.400 contratos en el Ministerio de Justicia, dejando sin empleo a casi la mitad de su personal. Estas medidas afectan áreas clave como la Secretaría de Derechos Humanos, los espacios de memoria y los Centros de Acceso a la Justicia. Además, se recortarán ítems salariales no remunerativos, lo que reducirá drásticamente los ingresos de los empleados que continúan en funciones. Los gremios denunciaron que los despidos fueron presentados como un “logro” en la lucha contra la corrupción, pero representan un desmantelamiento de servicios esenciales.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, calificó los despidos como una forma de “acabar con las cajas de la política”. Sin embargo, los trabajadores señalaron que muchos contratos rescindidos estaban regulados por ley y respaldados por años de servicio. En la Secretaría de Derechos Humanos, 500 personas perderán su empleo, afectando tareas como la conservación de sitios de memoria y la atención al público en espacios fundamentales como el Museo Sitio de Memoria ESMA.
Desde los gremios se declaró el estado de alerta y movilización. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó una protesta frente al Ministerio para denunciar despidos masivos y presuntas prácticas extorsivas en los retiros voluntarios. Además, alertaron sobre el impacto emocional de estas medidas, señalando que tres trabajadores han fallecido desde que se implementaron los recortes. La crisis en el Ministerio de Justicia deja en evidencia las consecuencias de un ajuste que pone en jaque áreas esenciales para la memoria y los derechos humanos.
En el mediodía de ayer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof inauguró junto... LEER NOTA COMPLETA
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