En medio de un clima político cargado de desinformación, el Gobierno ha señalado a los migrantes como responsables de supuestos problemas estructurales en Argentina. Sin embargo, los datos oficiales demuestran lo contrario. Según el INDEC, la tasa migratoria del país se ha mantenido estable en los últimos 20 años y, desde la pandemia, ha mostrado un saldo negativo. Más del 93% de los migrantes tienen DNI argentino, y solo un 0,3% de esta población está en conflicto con la ley. Además, lejos de ser una carga, su contribución económica representa el 4,7% del PBI, según la CEPAL, evidenciando que los migrantes son un pilar en el desarrollo nacional.
A pesar de las acusaciones sobre un supuesto abuso del sistema educativo y de salud, los números desmienten estas afirmaciones. Solo el 3,9% de los estudiantes de las universidades públicas son migrantes, y más de la mitad de esta población tiene obra social o prepaga, utilizando mínimamente el sistema público. Asimismo, los migrantes enriquecen el sistema sanitario al ocupar el 6% de las matrículas médicas y desempeñarse en prácticas, residencias y guardias esenciales, aportando más de lo que reciben.
La intención del Gobierno de endurecer la legislación migratoria y restringir derechos básicos choca con la evidencia estadística y con la historia integradora de Argentina. Expertos señalan que este discurso no solo desvía la atención de los problemas reales, como el desfinanciamiento de los sistemas públicos, sino que también fomenta una narrativa de odio. La integración y los aportes de los migrantes son un recordatorio del valor de la diversidad y del compromiso social hacia quienes eligen este país como hogar.
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