NUEVO JUICIO DE LESA HUMANIDAD POR LOS CRIMENES DEL SHERATON

Los crímenes de lesa humanidad que tuvieron al centro clandestino “Sheraton” como eje central y a los militares del Grupo de Artillería Mecanizada 101 de Ciudadela como responsables principales vuelven a ser analizados por un tribunal oral federal. Los militares retirados Alejandro Salice y Roberto Sifón, quienes estuvieron a cargo de las áreas de Logística y de Finanzas del GAM 101, parte del Primer Cuerpo del Ejército, están sentados en el banquillo de los acusados por primera vez. Deberán responder por los secuestros y torturas aplicados a 28 personas que pasaron por el centro clandestino que funcionó en la comisaría de Villa Insuperable y el asesinato de dos de ellas.

El cuarto debate que se lleva a delante por los crímenes del Sheraton comenzó el viernes a las 11.30, cuando la presidencia del Tribunal Oral Federal número 1 de la Ciudad de Buenos Aires, que en esta ocasión la ejerce el magistrado Ricardo Basilico, ordenó la lectura del auto de elevación a juicio que elaboró el fiscal Federico Delgado y presentó a principios de 2021.

Salice, de traje y corbata; Sifón, de chaleco y camisa, ambos desde sus respectivas casas, oyeron al secretario del tribunal leer que ambos llegaron a juicio como “autoridades del Grupo de Artillería Mecanizada de Ciudadela que, con el aporte de las autoridades de la policía bonaerense, utilizaron las instalaciones de la comisaría (de Villa Insuperable) a los efectos de alojar y someter a tormentos a las personas ilegalmente detenidas”.

El expediente que revisa los hechos del Sheraton integra el inmenso trabajo que revisa el accionar del Primer Cuerpo del Ejército durante el genocidio de la última dictadura cívico militar eclesiástica, y que está a cargo del juez federal Daniel Rafecas. En junio de 2018, Rafecas procesó a Salice, Sifón y Ricardo Pascual, quien integró el área de Personal del GAM 101 de Ciudadela, por su participación necesaria en secuestros, torturas y asesinatos.

En su elevación a juicio emitida un año y medio después, Delgado certificó que “en forma coordinada y como parte de la maquinaria estatal del terror –los acusados– materializaron aquellas mandas de secuestrar, encerrar furtivamente, atormentar física y psicológicamente, eventualmente controlar tras la liberación y negar al otro en el centro clandestino de detención que se denominó Sheraton”.