Por primera vez desde la implementación de los juicios por jurados en 2013, un jurado popular condenó a dos altos directivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por el asesinato de un interno, en un caso que puso en evidencia la violencia institucional dentro de las cárceles de la provincia. Los condenados, Rafael Herrera y Sergio Ceballos, fueron hallados responsables de torturar y asesinar a Gastón Ayala Aquino, un prisionero que falleció en 2016 en la Unidad 1 del penal de Olmos, durante la gestión de María Eugenia Vidal al frente de la provincia. La sentencia, que se conocerá en detalle el lunes, marca un hito en la lucha contra los abusos de poder dentro del sistema penitenciario.
El caso de Ayala Aquino comenzó el 1 de agosto de 2016, cuando el interno, diagnosticado con epilepsia, sufrió una convulsión en su pabellón. Tras ser trasladado de emergencia hacia el sector de Sanidad del penal, fue agredido por varios guardias, quienes lo redujeron a golpes y lo esposaron. Aunque la situación debería haberse manejado con atención médica inmediata, Ayala Aquino fue arrastrado y golpeado por los jefes del penal, y falleció por asfixia poco después. La autopsia reveló que su muerte fue provocada por ahorcamiento, desmintiendo las versiones iniciales que intentaban culpar a la víctima de autolesiones.
La condena a Herrera y Ceballos es significativa, no solo por el crimen cometido, sino también porque marca un precedente histórico en la justicia argentina. A pesar de que el jurado popular encontró culpables a los responsables, también absolvió a uno de los acusados, Juan Ignacio Tocci, lo que genera controversia dentro de la querella, que esperaba que todos los implicados fueran condenados. Para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante en el caso, este fallo es un paso importante en la lucha por la justicia, aunque aún queda mucho por hacer en relación a las prácticas de violencia institucional en las cárceles.
A lo largo de estos ocho años de proceso judicial, la familia de Ayala Aquino ha sufrido un largo calvario, con la madre de la víctima, Elvia Ayala, destacando que la falta de justicia y el sufrimiento prolongado han afectado profundamente su salud. Este veredicto, aunque tardío, representa un avance hacia la erradicación de las prácticas de impunidad dentro del sistema penitenciario, según sostienen desde la CPM. La sentencia, que se conocerá en los próximos días, llega en un momento crucial, cuando la sociedad sigue pidiendo mayor responsabilidad y transparencia en el manejo de las instituciones de seguridad.
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