El Congreso vivió una jornada de intensa represión tras el veto del presidente Javier Milei a la ley que proponía un aumento del 8,1% para los jubilados. Apenas concluida la votación en la Cámara de Diputados, una multitud de manifestantes que se había concentrado en la Plaza de los Dos Congresos comenzó a avanzar hacia las vallas de seguridad, desafiando el operativo dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La respuesta de las fuerzas federales, incluyendo Gendarmería, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, fue inmediata y severa, utilizando gases lacrimógenos, palos y balas de goma contra los manifestantes.
A pesar de algunos momentos en los que los manifestantes lograron acercarse a la entrada del Poder Legislativo sin resistencia, la represión se intensificó rápidamente. La Gendarmería, apostada en la calle Riobamba, junto con Prefectura y la Policía Federal, formó un cerrojo que avanzó hasta la intersección de Rivadavia y Entre Ríos, desalojando a los presentes. Los reportes televisivos informaron sobre heridos y dificultades respiratorias causadas por los gases, mientras que los testimonios de los afectados reflejaron el descontento y la determinación de continuar la lucha.
La movilización, organizada por gremios y organizaciones sociales como la Corriente Federal de Trabajadores y la UTEP, buscaba mostrar al gobierno que los jubilados no están solos. Las críticas se dirigieron tanto a la decisión presidencial como a la represión policial, con acusaciones de que el gobierno actúa en beneficio de poderosos grupos económicos a expensas del pueblo. Nora Biaggio, del Plenario de Trabajadores Jubilados, describió la protesta como un reclamo popular generalizado, resaltando la necesidad de que se ejecute la ley en beneficio de los jubilados.
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