Tras el reciente veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones, las organizaciones de jubilados se preparan para una nueva marcha frente al Congreso este miércoles. Esta movilización contará con el apoyo de diversos sectores sindicales y sociales. Nora Biaggio, del Plenario de Trabajadores Jubilados, ha subrayado que la protesta no solo se centra en el aumento de haberes, sino también en la falta de transferencia de fondos nacionales a las cajas jubilatorias provinciales y el incumplimiento en el pago de juicios con sentencia firme. Marcos Wolman, de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, considera que el veto representa un ataque al sistema previsional público, orientado a desfinanciarlo en favor de un modelo de jubilación privado fallido.
El presidente Milei ha minimizado el impacto de su decisión al afirmar que, en términos de dólares, el poder adquisitivo de los jubilados ha aumentado. Sin embargo, los datos muestran que la jubilación mínima, aunque mejorada con un bono, sigue por debajo de la canasta básica necesaria para los adultos mayores. Las agrupaciones de jubilados, que incluyen tanto organizaciones históricas como nuevos grupos formados en respuesta a las políticas del gobierno, han coordinado una serie de acciones. La semana pasada, una marcha hacia Plaza de Mayo resultó en represión policial, pero el movimiento sigue adelante con una nueva manifestación programada para las 15:00 frente al Anexo de la Cámara de Diputados y una campaña para recolectar un millón de firmas contra el veto.
Además de la movilización, se exige que el gobierno revierta recortes en la cobertura de medicamentos para jubilados y ajuste su política hacia el sistema previsional. Los líderes de las agrupaciones de jubilados, como Wolman, afirman que el veto al modesto aumento de 18.500 pesos en las jubilaciones mínimas no resuelve los problemas existentes pero ofrece algo de alivio. La unidad entre las agrupaciones es una respuesta a la ofensiva del gobierno contra el sistema previsional, que se ve agravada por el aumento del trabajo en negro y la reducción de aportes patronales, con un objetivo aparente de reimplantar un sistema de jubilaciones privadas similar al de las AFJP en el pasado.
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