La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha reportado que la reciente ola de despidos en la administración pública ha dejado sin empleo a 2,300 trabajadores.
Estos despidos afectan áreas clave como el Ministerio de Justicia, Desarrollo Social y el Hospital Posadas, poniendo en riesgo la operatividad de importantes servicios públicos. Las protestas pacíficas de los trabajadores despedidos frente a las dependencias estatales han sido reprimidas con violencia en algunos casos. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció la ilegalidad de estas desvinculaciones y criticó la indiferencia hacia la antigüedad y las funciones de los empleados afectados.
Las declaraciones del portavoz del gobierno, Manuel Adorni, celebrando los despidos, han generado indignación entre los trabajadores y sus representantes. En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la policía reprimió a los manifestantes que intentaron cortar la avenida General Paz, resultando en detenciones y violencia. Pedro Lynn, secretario gremial de ATE Capital, informó que los despidos están afectando especialmente al INCAA, Desarrollo Social, Parques Nacionales y organismos descentralizados de salud. La situación refleja un grave deterioro en la relación entre el gobierno de Javier Milei y los trabajadores estatales, quienes se sienten condenados a la "muerte civil".
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